El 2 de junio, durante su conferencia matutina, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó el financiamiento que algunas organizaciones de la sociedad civil recibían del extranjero.

-Publicidad-

“Eran pocos medios los que informaban y algunos en los estados. Era un periodismo totalmente sometido, los intelectuales bien maiceados. Todos, esto que estamos viendo que van a cobrar los de la llamada sociedad civil a la Embajada de Estados Unidos, o sea que la Embajada de Estados Unidos reparte maíz con gorgojo»

Y el 15 de agosto, volvió al tema:

“Hay en Estados Unidos asociaciones, incluso del Gobierno de Estados Unidos, que le dan financiamiento a asociaciones no gubernamentales (en México), entonces ‘cruz cruz cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús’, que nos dejen”.

Desde el inicio de su gobierno, el presidente de la República manifestó su desacuerdo con aquellas organizaciones de la sociedad civil que lo cuestionaban. Así, aquellas que buscaban apoyos para los niños con cáncer que no recibían medicinas, las que pedían el restablecimiento de las guarderías y demás, se volvieron sus “opositores”, sin más.

Si este escenario estaba planteado desde hace meses, ¿podría esperarse que a la propuesta de la estructura fiscal se le agregarán limitaciones para las organizaciones civiles, especialmente en lo relacionado con los donativos que se reciben?

Pues bien, entre las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), la modificación al Artículo 151 que disminuye el monto de deducción que pueden realizar las organizaciones civiles y hasta las personas físicas.

De acuerdo con información de Oscar Mario Beteta (16/10/21) la modificación al Artículo 151 de la LISR afectará a 5,073 organizaciones civiles. Así, la medida afectaría a las Instituciones sin fines de lucro que “representan el 1.37% del PIB, emplean a más de 1,1 millones de personas, y tienen mucho más en trabajo voluntario”.

Esta demás señalar que esa reducción de las deducciones también afectará a las personas que se benefician del trabajo de las organizaciones sociales.

Es cierto, en ese espectro que se denomina organizaciones civiles y que se ampara bajo la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC), cabe de todo, desde los que trabajan solidariamente y sin fines de lucro hasta los que han hecho de la organización un modo de vida y de financiamiento.

La Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil fue decretada el 9 de febrero del 2004, durante el sexenio de Vicente Fox Quesada cuando se planteaba una nueva relación con la denominada sociedad civil. La última modificación que la Ley tuvo fue el 24 de abril del 2018.

No cuesta mucho trabajo pensar que en el futuro y ante el nuevo escenario construido desde junio del 2018 las organizaciones de la sociedad civil tengan mayor presión para realizar sus actividades. Y que, además, en el camino de la construcción de la Cuarta Transformación, basado en la relación clientelar con los grupos sociales, el modelo de organización civil sea cuestionado.

Bajo la dirección de Olga Sánchez Cordero, la Secretaría de Gobernación fue inoperante, al ser responsable del tendido de lazos con las organizaciones civiles: no se replanteó alguna modificación para que la relación se reestructurara o se encontraran nuevos modelos que apoyaran al presidente de la República.

Son muy importantes los recursos que reciben las organizaciones de la sociedad civil, pues les ayudan para atender muchos temas que el mismo gobierno o gobiernos no pueden. Sin embargo, es necesario que se ponga en duda si su modelo es el adecuado para una colaboración con el gobierno actual y los futuros.

La visión política del presidente de la República es presionar a la sociedad civil, cuestionarla y descalificarla para dejar que sea “el pueblo bueno” quien haga las funciones de apoyo.

Carlos Pereyra escribió en los años ochenta: “Por sociedad civil se entenderá aquí el conjunto de instituciones creadas por diversos sectores sociales para organizar su participación en la vida pública. El rasgo distintivo de la sociedad civil radica en el hecho de que las instituciones incluidas tienen su origen en la sociedad y no en el gobierno de la misma.”

El concepto de Pereyra sigue explicando, pero en la normativa, debe haber modificaciones frente a los nuevos escenarios de la vida pública, por ejemplo, los de las redes sociales.

Si las organizaciones de la sociedad civil se ven disminuidas con la reducción de deducibles, López Obrador ganará, pero perderá todo ese conjunto de la sociedad que encontró en ellas apoyo y solidaridad.

Si a los Grupos Parlamentarios de oposición en el Congreso de la Unión le importa la sociedad civil, sería bueno que vayan revisando y proponiendo mejoras legislativas para apoyar a las organizaciones civiles. Esto, antes de que el “pueblo bueno” ocupe su lugar.