Hay varias narrativas que parecen enfrentadas en la esfera de las fuerzas armadas y, en particular con el ejército mexicano.
Por un lado, el subsecretario Encinas los ha puesto en una situación delincuencial por el caso Ayotzinapa, que ha generado una polémica sobre la responsabilidad en los trágicos eventos de Iguala, de hace casi ocho años, alcanzando un señalamiento de crimen de Estado. El general Rodríguez, uno de los señalados por Encinas, ha establecido su defensa y considerado, además de su inocencia, la vinculación que conlleva el Informe de la Comisión de la Verdad, de la institución castrense, los tribunales habrán de dilucidar entre ambas narrativas.
Por otro lado, el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, en la ceremonia de los Niños Héroes señaló: “Quienes integramos las instituciones tenemos el compromiso de velar por la unión nacional y debemos discernir de aquellos que, con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales, antes que los intereses nacionales, pretender apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía en las mujeres y hombres que tienen la delicada tarea de servir a su país”. Este discurso ha expuesto la tradicional institucionalidad de la fuerza armada, a una discusión pública y abierta sobre las tareas y funciones correspondientes, sobre todo en el proceso actual de reubicación de la Guardia Nacional, bajo su mando.
La discusión pública ha versado sobre la inconstitucionalidad del cambio de adscripción de la guardia nacional, violentando el artículo 21 de la norma fundamental.
Por otro lado, también se ha señalado el riesgo de afectar, con el discurso del General tanto el artículo 129 constitucional que señala que “ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Asimismo, la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea dispone en su Artículo 17: “queda estrictamente prohibido al militar en servicio activo, inmiscuirse en asuntos políticos, directa o indirectamente”. Lo que ha provocado posiciones políticas enfrentadas en la opinión pública.
Estas visiones encontradas en una deliberación pública sobre el fin, la función y la esencia de la fuerza armada, generan dudas respecto a si, por atender una necesaria función de seguridad pública, afecten sus esenciales responsabilidades en seguridad y defensa nacionales.
Inmiscuir a las fuerzas armadas en la discusión política y politizarlas de facto, no resulta sano en un acercamiento que revalora las relaciones civiles y militares, en el contexto político actual, de sucesión presidencial con intereses aviesos. Desde luego, atender con urgencia y de manera integral y en todos sus frentes la inseguridad galopante que vive el país, es sumamente importante, y los resultados a la fecha no son los deseados por la sociedad, la delincuencia sigue creciendo en control territorial y en su repertorio delincuencial, ojalá que el cambio de adscripción de la guardia nacional sea suficiente para disminuir o erradicar la violencia y criminalidad que agobia.
Así pues, las paradojas en que viven las narrativas a favor y en contra de los militares, si conducen a resolver en corto plazo el problema de la inseguridad, quizás valgan la pena estos cambios que, dicho de paso, podrían realizarse con un buen cabildeo y negociación política, como se ha visto últimamente, sin tener que violentar la constitución y las leyes relacionadas con los temas en comento.
En los días por venir, escucharemos la voz de los tribunales, los actos de los legisladores y los alcances y límites del cambio de la guardia nacional a la SEDENA, más allá de las filias y fobias, la sociedad espera mayor y mejor tranquilidad y que no se descuiden ni el desarrollo, ni mucho menos las Seguridades nacional, interior y pública, veremos de qué estamos hechos sociedad, gobierno, legisladores, fuerzas armadas y opinión pública.
