Resuenan dos palabras: Humillación y cobardía. Humillación contra la sociedad por dejarla sin ley, en plena indefensión, contra las fuerzas armadas por pretender culparlas de una misión cumplida y humillación y cobardía ante el gobernó federal que libera al delincuente, entrega la plaza, socava el estado de derecho y muestra la ruta a la delincuencia para lograr sus objetivos.

El temor social y que el presidente empodere a la delincuencia organizada, no es sano en ninguna instancia.

No hay discurso que justifique las consecuencias políticas bochornosas de lo ocurrido en Sinaloa. El gobierno topó con su espejo retórico del absurdo en materia de seguridad.
El presidente, sus colaboradores y sus fieles seguidores, han pretendido cambiar la realidad de la tragedia sinaloense en una comedia de culto a la personalidad. Han buscado tergiversar los hechos, la entrega y derrota del presidente ante la delincuencia la quisieron narrar como un error operativo y volverla un absurdo triunfo del humanismo. La evidencia de agradecimiento de los familiares y abogados por la liberación lacera cualquier norma constitucional. La verdad es que negar la situación es irresponsable, demagógico y cobarde, peor que el avestruz escondiendo su cabeza. Se engañan y ello complica las posibilidades de resolver los problemas que se han mostrado con el caso Sinaloa.

Trasladar la abierta complicIdad de la narcopolitica y la violacion flagrante de la ley -del código penal federal en su artículo 150- es socavar el estado de derecho, soslayar el respeto de cumplir y hacer cumplir la norma constitucional y justificar su derrota y entrega en maniobras mediáticas injustificables. No es un estado fallido es un gobierno cómplice.
Decir que fue un error de planificación, logística y operación, es evidenciar la contradicción, de una limitación del poder político en una inexistente falla de las fuerzas armadas. El operativo, la inteligencia, coordinación y la dirección de captura del objetivo fue exitosa, pero chocaron ante una comprometida estrategia política, encabezada por el presidente. Alguien decidió parar la extracción del objetivo, alguien liberó al delincuente aduciendo un especulativo y supuesto mal mayor.

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La lealtad institucional y la defensa de la nación han llevado al ejército a asumir una culpa que no les pertenece, el comandante supremo volvió a mostrar que no está a la altura de las circunstancias de inseguridad, violencia y criminalidad impuestas por los carteles.

La acción gubernamental en Sinaloa fue cobarde, no defendieron vidas, entregaron la plaza al Cartel de Sinaloa, dejaron a su suerte a la sociedad, a los elementos de una institución armada leal -a quienes sacrifican su vida y los abandonan en el matadero-, con la idea de culparlos por una responsabilidad ajena.

Así, humillación y cobardía marcan la ignominia del jueves 17 de octubre en Sinaloa. Las consecuencias políticas de estos hechos de inseguridad y violencia estarán latentes y manifiestos en todo el territorio nacional, en el pueblo mexicano el temor a flor de piel y en el gobierno el miedo y la incapacidad bullen en toda acción y discurso.