Ningún gobierno tiene capacidad de responder a todas las demandas legítimas de la sociedad.

Sin embargo, la política de avestruz no sirve para atender la responsabilidad de gobernar. Tampoco culpar a otros o pretender crear chivos expiatorios por muy generales que sean los llamados y, menos aún, cuando se personaliza sin tener evidencia alguna o establecer demandas legales, no hacerlo, en particular a los servidores públicos,  conduce a la complicidad o a un delito por omisión o comisión.

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El linchamiento mediático impulsado desde el poder presidencial y de sus legisladores o aliados, contra los diputados que votaron y cancelaron la propuesta presidencial de contrarreforma eléctrica, señalándolos como traidores a la patria, no es más que una voz desesperada para pretender ganar algo de lo perdido, en términos de una propaganda falsa.

Engañar a la sociedad con este cuento atenta contra toda Ética política.

La traición a la patria esta codificada en el artículo 123 del Código Penal Federal, como un delito cuando se realicen “actos en contra de la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero; o cuando alguien tome parte en actos de hostilidad en contra de la nación, mediante acciones bélicas a las órdenes de un estado extranjero o coopere con este en alguna forma que pueda perjudicar a México”.

De igual manera, en el Artículo 61 constitucional se establece que Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.

El voto de cada legislador expresa la opinión que tienen sobre determinado tópico. Su inviolabilidad es manifiesta.

Por ello, conforme a la norma, no existe ningún delito por parte de los diputados que votaron en contra de la iniciativa eléctrica presidencial, y en forma alguna por traición a la patria.

Luego entonces, no hay sustento alguno en quienes esgrimen esas afirmaciones y cualquier acción al respecto carece de sentido, un simple cuento mediático para mantener viva una actitud de coraje y revancha para cometer, eso si, otros delitos contra la seguridad de las personas.

Después de lo comentado por el expresidente Trump, sobre la forma y respuesta que obtuvo  por parte del gobierno y del presidente, para controlar la migración hacia EU, tienden a observarse ahí si, con elementos que recaen en el delito de traición a la patria. Ello por la aceptación de sometimiento del gobierno mexicano ante un gobierno extranjero.

La práctica reactiva del gobierno mexicano, contra personas o hechos que supuestamente afectan la imagen del presidente ha sido el discurso del odio, que sin evidencia ni prueba alguna de sus dichos, señala, insulta, estigmatiza, culpa y confronta, a quienes no están de acuerdo con sus menciones falsas y que, en muchos casos configuran delitos o acciones que podrían ser atribuidas al propio ejecutivo o a colaboradores y familiares.

Esas prácticas desde el poder pretenden amedrentar a quienes se dirigen, sean periodistas, políticos o académicos, con una lógica perversa que busca enlodar a quienes coloca en su mira.

La libertad de expresión, el abuso del poder o la tergiversación de los hechos ha ido disminuyendo la credibilidad gubernamental, si bien el presidente goza de una alta popularidad, no ocurre lo mismo con las acciones de su gobierno.

Y la preocupación ante la sucesión le obliga a tomar decisiones políticas y electorales precipitadas, que pueden afectar a quien le suceda.

Esto distrae la atención a los grandes problemas nacionales, que terminan por caracterizar a un gobierno inseguro, ajeno a los problemas de la sociedad o incapacidad para atender las crisis de salud, inseguridad, economía, educación y  gobernabilidad.

El trágico caso de la muerte de Debanhi Escobar, en Nuevo León, ha mostrado el problema de feminicidios que se vive en todo el país, la incapacidad gubernamental, la falta de sensibilidad, las dificultades de seguridad y justicia.

Ya no se espera un giro de timón gubernamental, la necedad y soberbia se han instalado en toda la clase política, mostrando evidencia de que las cosas pueden empeorar, pero eso no es preocupación de quien gobierna.

Es, sin duda, un problema de la sociedad, que se siente decepcionada y que se asume como en un estado de indefensión, donde la delincuencia prevalece.