La situación de vulnerabilidad y riesgo para ejercer la labor del periodismo en México se acentúa cada vez más, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) suman ya 153 periodistas asesinados desde el año 2000 y 12 en lo que va del 2019.  A esta violencia letal hay agregar otro tipo de presión al desempeño del periodismo: la incomodidad del poder gubernamental que ejerce presión para eliminar espacios de comunicación críticos. Ambas realidades buscan acotar el ejercicio pleno de la libertad de expresión.

La violencia contra periodistas adquiere diversas formas, hostigamiento, amenazas, cierre de espacios publicitarios, hackeos a portales, etc. En cualquiera de sus formas la intención es obstaculizar la labor periodística para evitar difundir ciertos contenidos, ya sea hechos noticiosos, investigaciones periodísticas e incluso opiniones editoriales, con el objetivo de que la información no salga a la luz, permanezca oculta o evitar mayor difusión. En muchos casos el patrón de escalamiento de la violencia culmina con el asesinato como medida de represalia por haber dado a conocer cierta información a través de los medios de comunicación. 

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Para evitar y romper estos patrones de violencia la CNDH diseñó el Protocolo de Actuación para la Protección de los Derechos de las Personas que Ejercen el Periodismo y ha emitido diversas recomendaciones generales para la toma de medidas para actuar ante las agresiones a periodistas y evitar la impunidad. Se trata de medidas concretas que deben asumir autoridades de los tres niveles de gobierno, así como las instancias involucradas en la impartición de justicia. Sin embargo, los hechos violentos contra periodistas y comunicadores siguen ocurriendo y en nada ayuda que el titular del Poder Ejecutivo mine la imagen de la CNDH descalificando sus acciones y escogiendo cuándo atiende sus recomendaciones y cuándo no.

En la construcción de la democracia mexicana, la crítica a los poderes establecidos ha sido uno de los principales elementos para impulsar el conocimiento y difusión de aquellas realidades que sirven para forjar una opinión pública lo más libre y auténtica posible. Periodistas y comunicadores ejercen su profesión la mayoría de las veces vinculados a ciertos medios de comunicación públicos o privados y desde ahí hacen su labor. Dichos medios de comunicación tienen, de un modo o de otro, una relación con el poder gubernamental y corren el riesgo de verse presionados o afectados cuando el poder hace mal uso de este y pretende orientar, limitar o acallar ciertas voces y pensamientos que juzga como un riesgo.

El presidencialismo exacerbado que distingue al actual gobierno federal tiene una doble cara y discurso. Por un lado, dice defender la libertad de expresión y como muestra de ello cada mañana dedica, según ellos, un tiempo considerable para atender las diversas preguntas de interés periodístico. Por otro lado, pretende controlar la agenda mediática con todo el poder político que representa la investidura presidencial y los medios y recursos con que cuenta la Presidencia de la República y su equipo de comunicación, en un desigual y completamente desequilibrado escenario público donde, además, las empresas de medios de comunicación privado buscan atraer la publicidad gubernamental y para ello se tejen relaciones y acuerdos donde la tentación de orientar el contenido mediático está presente.

En este sentido, la salida del periodista Carlos Loret de Mola de Televisa no parece ser una simple inconveniencia contractual sino también parece tener un fondo político. Las “mañaneras” no deben tener competencia en audiencia, parece ser el mensaje, además de que resurge aquella afirmación del expresidente López Portillo que decía “no pago para que me peguen” y por ello mejor poner un hasta aquí. Uno más de los ajustes internos de las empresas de comunicación en los nuevos tiempos.

Senador Juan Zepeda Hernández