Napoléon Gómez Urrutia demuestra una vez más que sus intereses y los de su familia son primero y los impone con total corrupción al intervenir dentro de una de las empresas acereras más importantes del mundo, aportando dinero a la empresa de su hijo y así tomar el control de la fuerza laboral.

Muestra de ello son los pagos que la firma AGC Trading, propiedad de su hijo Alejandro Gómez Casso, quien recibió una cantidad por 8 millones de pesos del gigante acerero ArcelorMittal, lo que implicaría un nuevo acto de corrupción de la familia del también senador.

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La posición de Gómez Urrutia y los depósitos a su hijo son contrarios al Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por México, el cual se rechaza cualquier injerencia económica de los empleadores o empresas para colocar a los sindicatos bajo sus intereses.

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En este caso, las aportaciones de Arcelor Mittal a Gómez Casso podrían condicionar la actuación del sindicato minero frente a la empresa y, en consecuencia, subordinar a los trabajadores agremiados.

Mientras Gómez Casso recibe este dinero, su padre integra la comisión de Minería en el Senado y dirige el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, el cual tiene agremiados a miles trabajadores de las subsidiarias de ArcelorMittal.

La relación entre el sindicato y la empresa ha sido inmejorable en los últimos años, sin huelgas ni conflictos laborales mayores. Además, Gómez Urrutia ha sido la puerta de acceso de ArcelorMittal al Palacio Nacional.

Muestra de ello es que en 2019, Lakshmi Mittal, dueño de la mayor productora de acero en el mundo, visitó al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Corrupción de manifiesto

Una investigación, del portal de noticias Latinus, reveló que gracias a los depósitos realizados por las subsidiarias ArcelorMittal México y ArcelorMittal Las Truchas, la empresa de Alejandro Gómez Casso obtuvo dinero de forma ininterrumpida desde 2014 hasta ahora, según consta en una relación de 55 comprobantes emitidos por AGC Trading.

Los primeros depósitos se dieron en entregas periódicas de 12 mil 180 dólares, pero a partir de 2017 los pagos llegaron en aportaciones mensuales de 104 mil 400 pesos.

Estos pagos de ArcelorMittal a AGC Trading son mencionados en una denuncia anónima presentada en 2019 ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos contra la compañía acerera, que tiene su sede en Luxemburgo, uno de los mayores paraísos fiscales del mundo.

De acuerdo con la acusación, los depósitos han sido justificados como servicios de asesoría requeridos por ArcelorMittal, sin embargo, asegura el denunciante anónimo, se enmarcan en una serie de aportaciones irregulares dirigidas al senador Napoleón Gómez Urrutia.

En el expediente abierto en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos se indica que ArcelorMittal es la principal fuente de ingresos de AGC Trading, por lo que Gómez Casso habría creado esta empresa con el único propósito de recibir los depósitos de la acerera.

En el acta constitutiva de la sociedad, fechada en 2014, aparecen como socios Alejandro Gómez Casso y José Juan Janeiro Rodríguez, uno de los principales operadores financieros del otrora gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Latinus presentó en ‘Loret Capítulo 42’ un reportaje sobre el contenido de la acusación en Estados Unidos, que detalló presuntos pagos irregulares de ArcelorMittal al senador Gómez Urrutia.

Estos podrían haber tenido fines electorales y políticos para beneficiarlo a él y al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido que lo postuló al Senado en 2018.

En dicho trabajo periodístico se indica que el denunciante anónimo apunta que estos pagos son la “punta del iceberg” de una serie de sobornos ilegales entregados a Gómez Urrutia, por lo que pide investigar todas las contribuciones políticas y electorales de ArcelorMittal en México.

El 20 de octubre, después de más de 15 años de litigio, por tercera vez el senador Napoleón Gómez Urrutia y el sindicato minero fueron condenados a reconocer que los trabajadores mineros tienen derecho a beneficiarse del producto de los casi 55 millones de dólares que, de forma ilegal, retiró Gómez Urrutia del fideicomiso minero.

Se trata de un tercer laudo, siguiendo los lineamientos del Poder Judicial de la Federación, con lo que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje volvió a condenar al sindicato minero y a Gómez Urrutia a repartir entre los mineros, los recursos que había en un fideicomiso para beneficio de esos trabajadores.