Una premisa fundamental para entender lo que sucede al interior de los congresos es que no todas las iniciativas se presentan con el fin de que ser aprobadas; pero aún así, todas tienen una intencionalidad política.

Es decir: los legisladores o los partidos presentan iniciativas, puntos de acuerdo o mociones incluso a sabiendas de que serán rechazadas sólo para colocar un tema en la agenda o realizar un posicionamiento ante el electorado.

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De ese modo deben ser entendidas las tres solicitudes recibidas este martes por la Mesa Directiva del Senado para realizar la declaratoria de desaparición de poderes en Veracruz, Guanajuato y Tamaulipas.

 La semana pasada el PAN anunció que solicitaría al Senado la desaparición de poderes en Veracruz arguyendo una “crisis constitucional” por la remoción del Fiscal General del estado, Jorge Winckler, a manos del Congreso local de mayoría morenista.

A modo de respuesta –o represalia– el grupo parlamentario de Morena en el Senado también solicitó la desaparición de poderes en Tamaulipas y Guanajuato –dos estados gobernados por el PAN– con el argumento de que existe “una grave crisis de violencia en inseguridad”.

No obstante, ni la remoción de un fiscal –por más que haya estado motivada por rencillas políticas– ni la crisis de violencia o la inseguridad son causales para declarar la desaparición de poderes estatales.

De acuerdo con el artículo 76 de la Constitución, el Senado puede declarar la desaparición de poderes en alguna entidad cuando alguno de los poderes locales: 1) quebrante los principios del régimen federal; 2) abandone el ejercicio de sus funciones; 3) estuviera imposibilitado físicamente para ejercer sus funciones; 4) prorrogue su permanencia en el cargos después de fenecido el período para el que fue electo o nombrado; o 5) promueva o adopte una forma de gobierno distinta a la establecida en los artículos 40 y 115 de la Constitución.

Está claro que ni en Veracruz, ni en Tamaulipas, ni en Guanajuato se cumple alguno de los supuestos anteriores. Sin embargo, la propuesta/amenaza de desaparición de poderes ya le permitió al PAN posicionar en la agenda el «agandalle» de Morena para destituir a Jorge Winckler –quien por cierto era «fiscal carnal» del ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes–. Mientras que a Morena le permitió posicionar en la agenda el supuesto fracaso en temas de seguridad de los gobiernos estatales panistas.

Ahora bien: en el entendido de que en ningún caso prosperará la desaparición de poderes, ¿quién gana con esta discusión?

Sin duda, Morena. Mientras los medios de comunicación e incluso algunos panistas se enganchan con el cuento de la desaparición de poderes en Guanajuato y Tamaulipas, calificando la propuesta como «golpe de Estado», nadie habla de la crisis de seguridad en entidades con mayores índices delictivos, algunas de ellas gobernadas por Morena.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tamaulipas no aparece en el top 5 de entidades con mayor cantidad de homicidios, feminicidios, secuestros, robos a casa habitación y robos a transeúnte por cada 100 mil habitantes. Mientras tanto, Guanajuato sólo aparece en el quinto lugar de homicidios — con 29.8 por cada 100 mil habitantes–.

En contraste, Veracruz, con Cuitláhuac García, ocupa el primer lugar nacional en feminicidios –2.92 por cada 100 mil habitantes- y en secuestros –2.63 por cada 100 mil habitantes–. Ninguna de estas cifras son atribuibles al fiscal Winckler, cuya labor es perseguir, no prevenir los delitos.

Además, Morelos, gobernado por Cuauhtémoc Blanco, ocupa el segundo lugar en feminicidios, el cuarto en homicidios y el quinto en secuestros. Tabasco, donde gobierna Adán Augusto López encabeza la lista de robos a transeúnte; y la Ciudad de México, gobernada por Claudia Sheinbaum, es segundo lugar en robo a transeúnte y tercer lugar en secuestros.

Como queda claro, en ninguno de estos estados habrá desaparición de poderes, pero los poderes estatales sí parecen desaparecidos al momento de combatir la delincuencia.