El pasado 17 de septiembre, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado informó que buscará la desaparición de poderes en Veracruz y someter a juicio político al gobernador actual, Cuitláhuac García, para resolver la «crisis constitucional que pone en riesgo al sistema de justicia».

«¡En #Veracruz se vive con miedo! De diciembre a julio han habido 1,111 víctimas de homicidio doloso. Los veracruzanos NO merecen el gobierno que tienen. ¡No lo podemos permitir!», declaró un día después el coordinador de los senadores blanquiazules, Mauricio Kuri, en sus redes sociales.

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Tras el anuncio de la iniciativa panista, los senadores de Morena, partido que cobija a Cuitláhuac, respondieron que solicitarán lo mismo pero para los estados de Guanajuato y Tamaulipas.

Cabe recordar que ambos territorios son regidos por panistas: Guanajuato por Diego Sinhue Rodríguez y Tamaulipas por Francisco Javier Cabeza de Vaca.  Los morenistas argumentan que la inseguridad es un factor que va en aumento en las dos entidades debido al actuar errático de sus gobernantes.

Para proceder a estas «desapariciones» – que se realizan en pos de reconstruir el poder constitucional, no eliminarlo -, ambos grupos recurrieron al la fracción V del Artículo 76 constitucional que se refiere a las facultades del Senado.

«El nombramiento del titular del poder ejecutivo local se hará por el Senado a propuesta en terna del Presidente de la República con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas. El funcionario así nombrado, no podrá ser electo titular del poder ejecutivo en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere»

Esta fracción tiene dos supuestos que los legisladores planean usar:

I. Quebrantaren los principios del régimen federal.

III. Estuvieran imposibilitados físicamente en el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos o con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico.

Pero lo de Morena parece más un intento de ponerse de tú a tú con los panistas, pues se sintieron atacados por los señalamientos al gobernador veracruzano y de inmediato quisieron generar un pleito para que probablemente no tendrá procedencia legal pues los supuestos que planean utilizar, trasladados al caso de los dirigentes panistas, quedan muy forzados, y en caso de proceder, podrían utilizarse para cualquier otro estado que enfrente problemas de violencia.

Lo que sí procedió fueron las reacciones de autoridades y empresarios guanajuatenses y tamaulipecos: 

«Yo la verdad, sinceramente, haciendo un análisis objetivo, jurídico e imparcial, yo lo veo como una consecuencia más sin ninguna consecuencia legal; lo veo como una posición política carente de todo fundamento», declaró el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Horacio Ortiz Renán.

«En principio manifestamos una sorpresa, en segundo una molestia, esto no puede suceder y estaremos muy atentos de qué es lo que sigue, yo no creo que sea tan sencillo», manifestó el presidente de Coparmex León, Alberto Ruenes Escoto.

«Es una aberración por parte de los senadores de Morena. Lo dije y lo repito: las instituciones hay que fortalecerlas, no desaparecerlas; pareciera que queremos ir retrocediendo en lo que México ha avanzado. Lamento estas visiones tan cortas de estos representantes ciudadanos que se atreven a decir eso», aseveró la presidenta municipal de Celaya, Elvira Paniagua.