El 11 de mayo de 2018 el entonces Presidente de México, Enrique Peña Nieto, publicó el decreto firmado el 8 de mayo de la Ley General de Comunicación Social –conocida como “Ley Chayote»–, la cual fue duramente criticada por periodistas y medios de comunicación, ya que se establecía la regulación de los gastos en materia de publicidad oficial de los gobiernos con los dueños de medios de comunicación.

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Ante esto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) consideró que esta ley representaría un riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión en su dimensión colectiva. Asimismo, algunos criticaron esta acción, ya que aseguraron que otorgar publicidad a los medios podría ser usado como premio o castigo para desalentar la crítica periodística.

Sin embargo, con la llegada del nuevo gobierno, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, nada ha cambiado, ya que los contratos de publicidad se mantienen. Incluso, el pasado 25 de mayo, en su habitual conferencia mañanera, el tabasqueño señaló que todos los gobiernos contratan publicidad y que su propia administración lo seguirá haciendo.

“Lo de la publicidad es legal, es decir, todos los gobiernos contratan publicidad. El gobierno requiere informar, y además son empresas, son fuentes de trabajo que deben de cuidarse, además por ley nosotros tenemos derecho a informar, es garantizar el derecho a la información y se hace a través de las redes sociales y se hace a través de todos los medios. Así que se se van a seguir haciendo contratos de publicidad con medios”.

 

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Incluso, en recientes días, el escritor y periodista Rafael Loret de Mola expresó mediante un video, el cual circula en redes sociales, su preocupación por lo que él considera es una “cacería contra periodistas”. Cabe señalar que su hijo Carlos Loret de Mola anunció su salida de Televisa, empresa donde laboró 18 años, el pasado jueves.

Aunado a lo anterior, Rafael Loret de Mola aseguró que a petición del tabasqueño, a vísperas de su primer informe de gobierno, Alfonso Romo negoció “escandalosos convenios de publicidad con los medios de comunicación”.

Lo más grave que se está viviendo en esta administración es que para apagar la crítica el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no solo otorga contratos millonarios de publicidad, sino que además manda a que se guillotine a los periodista que lo critican.

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Como ya se mencionó, Carlos Loret de Mola anunció su salida de Televisa, hecho que consternó a todos por ser un periodista crítico del gobierno; hay que recordar que también perdió su espacio en la radio, esto tan solo un par de días después de que López Obrador tomó posesión como presidente.

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Además están los casos de Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, quienes salieron de Grupo Radio Centro, donde llevaban laborando 14 años en el espacio informativo la Red de Radio Red; Carlos Marín, que a tan solo un mes del triunfo electoral de AMLO tuvo que dejar la dirección editorial de Grupo Editorial Milenio, aunque permaneció en el medio; Jorge Ramos y Ricardo Gómez salieron de El Universal debido a la publicación de una fotografía del hijo menor de López Obrador tras un accidente en el que resultó lesionado.

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También se encuentra Carlos Ramos Padilla de ABC Radio, que después de 17 años de trabajo en ABC Radio dejó de laborar en el medio por su crítica hacía el Poder Ejecutivo; y por último, Ricardo Alemán, uno de los más críticos de López Obrador, perdió sus espacios en radio y televisión semanas antes de los comicios del 1 de julio del año pasado, cuando el triunfo del tabasqueño ya lucía inminente. Esto luego de un linchamiento mediático en su contra.