Desde el Senado se ha venido generando un ambiente ríspido y de cuestionables prácticas que dejarán una mancha imborrable en la historia de nuestro máximo órgano legislativo.

Para quienes presenciamos la sesión ordinaria del pasado jueves, fueron sorpresivos los señalamientos de espionaje que presuntamente se dieron en oficinas del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Pero el clima de tensión, confrontación y hasta batallas campales se han convertido, lamentablemente, en el pan de cada día del recinto de Reforma.

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El coordinador de la bancada de Morena, ha juzgar por su semblante, que los que estuvimos ahí pudimos ver, sabía que el problema no era menor y lo que representa para la bancada senatorial mayoritaria.

El caso más reciente de espionaje por parte de autoridades federales fue en 2017, cuando el The New York Times destapó en primera plana la contratación por parte de algunas dependencias gubernamentales de un software conocido como Pegasus, con el fin de intervenir teléfonos celulares de periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas. Según algunas fuentes, desde el 2011, al menos tres dependencias federales habían gastado 80 millones dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí. En el caso del Senado fueron tres micrófonos encontrados, que de igual manera representan espionaje.

Todos hemos pedido una investigación profunda y exhaustiva del hecho para deslindar responsabilidades o en todo caso se proceda como la ley indica en casos de espionaje, pues no es menor el tema ni mucho menos aislado.

En 2001 en el Estado de México la Procuraduría General de la República anunció la desarticulación de una red de espionaje que involucraba al entonces gobernador Arturo Montiel, quien siempre negó rotundamente el hecho. Es evidente que un caso así, nadie va a salir a levantar la mano y decir “yo fui”. Como resultado de las investigaciones fueron detenidas ocho personas que se encontraban dentro de la nómina del gobierno estatal.

Según los archivos secretos desclasificados por el Gobierno de Estados Unidos, las células de espionaje en el Estado de México operaban a través de no menos de 200 elementos contratados como policías que monitoreaban la actividad de políticos, empresarios, activistas o aquel que usara criticar al gobierno en turno o, en otro caso, información que se utilizaba para atacar a la oposición. Esperemos no sea el caso actual.

El llamado espionaje doméstico en México no empieza ni termina aquí, todos anhelan tener su propio CISEN, bajo sus propias reglas, crear sus “unidades de inteligencia” para saber que piensa, hace o dice el de enfrente, ventilar llamadas telefónicas que  encumbren  o derriben carreras, ese espionaje por el cual se han hecho públicas diversas llamadas y por las cuales nos hemos enterado por ejemplo de las botellas de coñac que Kamel Nacif tenía  para el  “gober precioso”, por cierto; mote que obtuvo a partir de esta llamada, la diplomacia de Vicente Fox con Fidel Castro, el espionaje que padeció Vázquez Mota, la llamada de Elba Esther al ex gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández donde le advertían de la inminente caída del PRI y  la cual, recordando, utilizó en su momento López Obrador para argumentar el famoso fraude electoral de 2006 en su contra. Y así una larga historia de espionaje que muestra que cuando existe un fin político, las líneas entre lo público y lo privado son invisibles y no hay ley que las distinga.