Bastaron solo dos meses y medio para confirmar que, como muchos analistas lo habían previsto, la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de controlar el precio del gas LP fue un rotundo fracaso.

Esta medida populista no solo no frenó el alza en el precio del gas, sino que provocó una serie de conflictos que incluyeron el desabasto durante unos días en la zona metropolitana de la Ciudad de México y los disturbios registrados durante la protesta de gaseros de ayer.

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De acuerdo con las tarifas establecidas por la Comisión Reguladora de Energía, el precio promedio del gas LP para la semana del 10 al 16 de octubre será de 26.01 pesos, cifra que supera a la de 25.9 pesos que se tenía el pasado 31 de julio, cuando entró en vigor el control de precios.

López Obrador tomó esa absurda decisión según él pensando en los que menos tienen, pero paradójicamente, el estado en donde se ha registrado la mayor alza en el precio del gas desde que se decretó el control de precios es Chiapas, una de las entidades más pobres del país.

La creación de una empresa pública para competir con las grandes gaseras tampoco ha sido una solución, pues Gas Bienestar en realidad es solo un membrete que depende de la infraestructura de las grandes gaseras –con quienes  supuestamente iba a competir–  para distribuir muy poco producto a un precio igual al del mercado.

El precio del gas mantendrá su tendencia a la alza debido a que para su elaboración se utiliza propano, un hidrocarburo cuyo precio se ha incrementado en los últimos días a nivel mundial.

Alguien debería explicarle a López Obrador que el gobierno no puede controlar el precio de un producto que se mueve en función del mercado internacional, pues más del 60 por ciento del gas LP que se consume en México es de importación.

JC