México. Este jueves, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), determinó de manera formal que no hay delito que perseguir contra el expresidente Enrique Peña Nieto, por el supuesto financiamiento de Odebrecht a la campaña Presidencial de 2012, ya que los ilícitos han prescrito.

La Fiscalía investigaba a Emilio Lozoya por los hechos de 2012, en ese entonces coordinador de Vinculación Internacional de la campaña de Peña Nieto, y a la hoy senadora Nuvia Mayorga Delgado, titular de la Comisión de Presupuesto y Fiscalización del Consejo Político Nacional del PRI.

El acuerdo suscrito el pasado 3 de junio por el fiscal Valdemar González Ramírez, señala que el acuerdo a “la prescripción de la acción penal respecto de las conductas señaladas como probablemente constitutivas de algún delito electoral, de los previstos y sancionados en los artículos 407 y 412 del Código Penal Federal, que pudieron haberse suscitado con motivo del proceso electoral 2011-2012”.

El caso de Odebrecht se empezó a investigar en la FEDE luego de que el PRD presentó una denuncia el 16 de agosto de 2017, luego de que se difundieran algunas declaraciones de exdirectivos de la constructora brasileña en las que aseguraban haber sobornado a Lozoya.

De acuerdo con el documento firmado por el fiscal González Ramírez, esos pagos ilícitos fueron por un total de 12 millones 856 mil 433 dólares, de los cuales 7 millones 856 mil 433 millones se depositaron del 20 de abril al 27 de noviembre de 2012 y los cinco restantes el 3 de diciembre de 2013 a marzo de 2014.

De estos pagos, la primera parte se destinó a la campaña de EPN, y el resto presuntamente a cambio de los contratos de la Refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tula, Hidalgo.

Por lo que el Tercer Tribunal Colegiado Penal ordenó el pasado 30 de mayo a la FEDE, resolver la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017. En relación al documento, el tribunal instruyó a la Fiscalía contar el plazo a partir del 20 de abril de 2012, fecha en la que Odebrecht hizo, presuntamente, el primer depósito por los 250 mil dólares a una Offshore que se vincularía con Lozoya.

En cumplimiento del mandato, la FEDE determinó el 3 de junio, que el plazo de prescripción en los delitos electorales investigados es de cinco años, por lo que las conductas penales de 2012 ya estaban prescritas y no se pueden castigar.

MEVS

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