Se han cumplido ocho años de una tragedia social y política, la desaparición y muerte en Iguala, Guerrero, de los denominados 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, así como de otros miembros del equipo de fútbol, Los Avispones, de Chilpancingo, Gro.

Las investigaciones realizadas a la fecha, dadas a conocer en tres Informes, tanto los dos del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), como del reciente de la Comisión de la Verdad, el denominado Informe Encinas, no han logrado esclarecer, a satisfacción de los familiares de las víctimas de los estudiantes normalistas, y de ninguno de los grupos o colectivos que les acompañan y que defienden los derechos humanos e investigan o atienden la compleja búsqueda de desaparición forzada.

-Publicidad-

Los dos primeros informes condujeron a una verdad histórica, que ha sido impactada por una verdad política y un supuesto crimen de Estado, basado en el tercer informe.

Hasta ahora, los resultados de las investigaciones sobre los hechos de Iguala no han alcanzado la verdad esperada. La inseguridad perdida ha ido de uno a otro lados, señalando a diversos actores involucrados en la cadena de hechos registrados, sin que haya evidencias o pruebas concluyentes, sobre los culpables o responsables de la tragedia.

En una primera ola de señalamientos, fueron considerados como los responsables tanto el entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, vinculados supuestamente al grupo delincuencial Guerreros Unidos, dedicados al trasiego de drogas, con la complicidad de policías municipales; el círculo se expandía a ciertas autoridades estatales y a algunos policías federales y miembros de las fuerzas armadas, del 29o batallón del ejército mexicano asentado en Iguala, Gro., que trajo como consecuencia al inicio la detención de el expresidente municipal José Luis Abarca y su esposa, de varios policías locales y de algunos supuestos miembros del grupo de Guerreros Unidos, todos ellos involucrados en la desaparición, tortura y muerte de los estudiantes normalistas, fijados en la narrativa en el número de 43.

La investigación establecida en los dos primeros Informes tuvo algunos resultados al identificar ciertos restos humanos como pertenecientes a las víctimas normalistas y a recuperar ciertas informaciones capturadas de algunos teléfonos, tanto de las víctimas como de los considerados primeros responsables de la tragedia, que los llevaron a ser detenidos, de los que algunos permanecen en prisión y otros ya han sido liberados.

El nuevo informe, dado a conocer por el subsecretario de gobernación, Alejandro Encinas, atendió desde el inicio de la actual administración, un compromiso del presidente Lopez Obrador, de encontrar a los estudiantes y devolverlos con vida a sus familias; con el Informe y el discurso del subsecretario Encinas, se ha asumido, que no se han encontrado los 43 y están muertos, dando a conocer, sin pruebas fehacientes, que es un crimen de estado, en el que han participado 20 militares, de los que se entregaron cuatro de ellos y los otros 16 han sido exonerados por la autoridad judicial.

Actualmente están detenidos también, el ex procurador Murillo Karam, quien expuso la denominada verdad histórica, que asumía que los estudiantes habían perdido su libertad y habían sido desaparecidos y estaban muertos; el informe Encinas rarifica esta situación y, se está en discusión judicial el destino, del ex procurador Murillo y de los cuatro militares detenidos en una prisión militar; todos ellos a solicitud del subsecretario Encinas, señalados en las mañaneras del presidente.

La cuestión de la tragedia de Iguala-Ayotzinapa no se ha concluido en la versión de las familias agraviadas; los datos y la narrativa gubernamental actual han propiciado una ruta no muy certera, al cambiar a los responsables, de confesos policías y delincuentes locales, que han pasado algunos a testigos protegidos, se dirigió la mirada a los militares y a quienes dirigieron la investigación en la administración pasada, no hay una conclusión suficiente y sostenible.

Lo anterior ha generado escenarios de conflicto entre las instancias gubernamentales, tanto de las federales como de las estatales, como en su interior, alterando las relaciones civiles y militares y propiciando desconfianza o señalamientos de complicidad o de responsabilidad en los militares de la tragedia de al menos seis de los estudiantes, supuestamente ordenada su muerte desde los militares en contubernio con el grupo criminal de Guerreros Unidos y las autoridades municipales de la época.

La defensa de los militares ha proclamado su inocencia y el hecho es que se encuentran detenidos, no por el caso directo de la desaparición de los 43, sino por supuestos vínculos con la delincuencia organizada, lo que genera la idea de que no existe un caso suficientemente armado para atender y resolver el tema de los estudiantes normalistas y si pretender derivar una responsabilidad indirecta, en donde las pruebas están limitadas o no existen.
La inseguridad en la región de Iguala, Gro., se ha complicado más, la actividad del expresidente Abarca y su familia continúa, tanto la legal como la ilegal, ya se realizan marchas locales para pedir su liberación y exoneración por el caso de los 43, y la exoneración y el retorno de policías y delincuentes a su lugar de origen, ha agravado el conflicto local.
La situación de la tragedia de Iguala-Ayotzinapa está lejos de resolverse y las dudas sobre el uso lucrativo económico y político de la tragedia, continúan bajo un sospechosismo que no conduce a la verdad, la renuncia reciente del fiscal asociado al trabajo de la Comisión de la Verdad, así como la defensa de los militares, coloca en posición difícil y debilitada el informe Encinas y puede ocurrir que se revierta la situación en contra del subsecretario Encinas y del propio presidente de la República.
La escalada del conflicto en este posible escenario se agregaría a una distorsión del hecho y a un conflicto
social y de gobernabilidad no deseado.
Esperemos que los escenarios de conflicto institucional que el caso de Iguala-Ayotzinapa ha generado, sean resueltos pronto, pues ello se agrega a los problemas de violencia local y regional provocados por la narco delincuencia en Guerrero. Y, sobre todo, que la justicia llegue a los familiares de las víctimas y dejen de ser usados como carne de
cañón para enemigos políticos o versiones manipuladas en narrativas especulativas, que no llevan a la solución del problema y si aumentan un discurso de odio entre las víctimas y los actores señalados.
Tal parece que los carniceros de hoy, serán las redes de mañana.