México.- El próximo mes una conglomeración de más de 100 asociaciones civiles denunciarán las agresiones sexuales cometidas por las autoridades federales, estatales y municipales ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Las agresiones denunciadas han sido cometidos contra mujeres que enfrentan procesos legales.

Dentro de las organizaciones civiles que están en este conglomerado serán Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Equis Justicia para las Mujeres, Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, entre otras.

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A través del Informe Alternativo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de México 2012-2019 será posible saber el diagnóstico de la tortura en nuestro país. Se hará énfasis en los ataques sexuales que se han convertido en una constante hacía la población femenil.

Dicho documento será presentado en el periodo número 66 del Comité Contra la Tortura de la ONU, además está sustentado con las cifras recopiladas por las ONGs, los cuales han investigado el tema a través de estudios y defensorías de casos.

Expertos criticaron que México presenta un déficit de datos en relación a la tortura sexual, por lo que las cifras emitidas por las ONGs nos permiten visualizar el impacto del problema.

El propósito de estas agresiones es obligar a las mujeres a auto-inculparse por algún delito o bien que lo hagan por alguien más. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Agustín Pro, reveló que en el periodo comprendido de 2006-2015 existieron 29 casos de tortura sexual.

En los 29 casos reportados elementos de instituciones como Policía Federal (11 casos), Sedena (6 casos), Marina (2 casos); mientras que los restantes se cometieron por municipales o estatales.

Dentro del mismo periodo citado, el INEGI aseguró que 8 de cada 10 mujeres fueron víctimas de tortura antes de ser presentadas ante un juez. 76% de las afectadas aseguran que fueron torturadas durante el arresto mientras que el 65% aseguró que fue durante la custodia personal.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado de la situación y ordenó indemnizar a las víctimas, así como brindarles asistencia médica y psicológica, así como investigar y castigar a los responsables.

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EC