Aquí y en otros espacios dijimos –durante años–, que un potencial gobierno de López Obrador sería no sólo un peligro para México sino una potencial dictadura.

Y la primera señal de esa dictadura la vivimos en carne propia, cuando por órdenes de Obrador se operó un monstruoso linchamiento en nuestra contra para callar la crítica al entonces puntero candidato presidencial.

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Hoy, la persecución contra medios y periodistas es sistémica, igual que el asesinato de informadores –17 periodistas muertos en 9 meses–, y no se diga el chantaje contra medios, algunos favorecidas en exceso con el dinero público, como el semanario Proceso, pelero lopista disfrazado de crítico.

Además, Obrador no sólo persigue periodistas críticos sino que cobra venganza contra políticos y empresarios que antaño lo enfrentaron, como Rosario Robles y Carlos Ahumada, además de poderosos hombres de empresa a los que persigue y sataniza, como Alonso Ancira, Juan Collado, Gonzalo Gil White –hijo de Francisco Gil Díaz–, y ex servidores como Emilio Lozoya.

Pero no pararon las señales de una potencial dictadura; luego siguió la destrucción de contrapesos al poder presidencial. Y es que el mismo Obrador se encargó de la destrucción de los órganos autónomos, al tiempo que orquestó el control total de las cámaras del Congreso y de la Suprema Corte.

Pero acaso la joya de la corona la podamos ver en cuestión de días, cuando López Obrador cumpla la amenaza que formuló el pasado sábado, en Tabasco, en donde hizo una temeraria advertencia a la democracia.

Y es que al referirse a los amparos que han detenido la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, Obrador amenazó así: “tenemos otro recurso, que es el de poner por delante el interés de la Nación: en su momento lo voy a dar a conocer, es lo único que puedo decir”, dijo amenazante.

Es decir, el presidente abrió la puerta abierta para un golpe de timón, para un manotazo autoritario que, de llevarse a cabo, sería el último clavo para sepultar a la democracia mexicana.

¿Por qué el último clavo?

Porque con el cuento del “interés de la Nación” o del “interés público”, el dictador Obrador puede cargar no sólo contra la Suprema Corte, sino contra la legalidad toda y la democracia toda.

Y es que no pocos analistas entendieron la amenaza presidencial como el aviso de que el Ejecutivo podría decretar de expropiación del proyecto de Santa Lucia o, en su caso, emitir un decreto de que se trata de un proyecto de interés público lo que, según los aplaudidores presidenciales, sería suficiente para invalidar los amparos promovidos contra Santa Lucia.

Sin embargo, el presidente y sus abogados parten de un error conceptual básico. ¿Por qué?

Es posible que desde Palacio se pretenda reclamar la modificación de los amparos que tienen paralizada la construcción de Santa Lucía.

En ese caso, el artículo 154 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente:

“La resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión”.

Ahora bien, cuando Obrador habla del “Interés de la Nación” es probable que se refiera al artículo 128 de la Ley de Amparo, que establece que el amparo sólo procede cuando: “No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público”.

Sin embargo, en la práctica, al concederse el amparo, los jueces determinaron que con su otorgamiento no se afecta el interés social ni disposiciones de orden público.

Si el presidente y “sus genios” consideran lo contrario resulta que, según al artículo 81 de la Ley de Amparo, tenían diez días para interponer el recurso de revisión. Y ese plazo ya ocurrió.

Por eso, las suspensiones definitivas –es decir, los amparos–, están firmes y, por tanto vigentes.

Pero además, el citado artículo 154 condiciona la modificación o revocación del amparo al acontecimiento “de un hecho superviniente”, es decir, “un hecho” que ocurre después de concedido el amparo.

¿Cuál podría ser ese hecho?

Aquí es donde viene la trampa.

En Palacio pretenden que “el hecho superviniente” sea la declaratoria presidencial de “interés social” para Santa Lucía?

¿Pero qué creen…?

Que en el derecho mexicano y en el derecho internacional no existe la definición de “interés social”. Por eso, en la Ley de Amparo cuando se habla del “interés social” es de manera casuístico, y nada más.

Y si Obrador se empeña en exigir que los amparos contra Santa Lucía se cancelen “por interés social”, entonces estaremos ante la confirmación de que la de AMLO no es una democracia, sino una dictadura.

Se los dije; es un dictador.