Tenemos en el poder ejecutivo a un presidente que se dice «de izquierda». En el poder legislativo, cuenta con amplia mayoría un partido que –supuestamente– es de izquierda. Pero el poder que en los hechos ha demostrado ser el más progresista, es el judicial.

Por un lado, el presidente López Obrador elude temas polémicos como el aborto y la legalización de la mariguana, proponiendo que sean sometidos a consulta o asegurando que «no se descartan», sin realmente impulsar políticas públicas al respecto. 

Por otro lado, en el Congreso las iniciativas a propósito de ambos temas suelen terminar el “la congeladora”, pues los partidos prefieren evitar los costos políticos de dictaminarlas o aprobarlas.

Sin embargo, mientras el ejecutivo y el legislativo juegan el juego de la simulación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite sentencias basadas no en cálculos políticos ni en ideologías, sino con apego a los derechos y libertades establecidos en la Constitución y en tratados internacionales.

    Cabe recordar que en febrero de 2018, la Corte declaró inconstitucional la prohibición del consumo personal de mariguana, así como de la siembra, cosecha, posesión y transportación de la planta. Asimismo, en febrero de este año, emitió jurisprudencia obligando a los jueces a amparar a quienes soliciten consumir mariguana de forma recreativa, ordenando al Congreso eliminar algunos artículos de la Ley General de Salud que violan el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

    No obstante, el Congreso incurrió en desacato de una orden judicial, toda vez que el 20 de septiembre venció el plazo otorgado por la Corte para legislar sobre el uso lúdico de la mariguana. 

Por otro lado, en lo que respecta al tema del aborto, la Suprema Corte de Justicia también ha emitido diversas sentencias en el sentido de que –independientemente de lo que digan los códigos penales locales– el Estado debe garantizar a las mujeres el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, riesgo para la salud de la mujer gestante o en caso de significar un peligro para su vida.

Al respecto, las diputadas de Morena Wendy Briceño y Miroslava Sánchez anunciaron la semana pasada la presentación de una iniciativa para despenalizar a nivel nacional la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, obligando a las instituciones públicas de salud a prestar el servicio de manera gratuita. Sin embargo, hasta el momento, la iniciativa no ha sido llevada ante el pleno.

Sobre el tema, el responsable de Vinculación Legislativa del Grupo de Información en Reproducción Elegida, Francisco Cué, dijo a este diario que la iniciativa es óptima. No obstante, reconoció que su aprobación no será sencilla “porque tradicionalmente el aborto es un tema electoralmente tóxico. Les preocupa a las y los diputados respaldar un tema que divide a la sociedad, en un ambiente polarizado”.

Pero acotó: “estamos en un punto que [los legisladores y el gobierno] ya no pueden evadir el tema”.

Y en efecto: temas como el aborto y la legalización de la mariguana son ineludibles gracias a las sentencias de la Corte, cuyos argumentos jurídicos están por encima de diatribas morales, religiosas, prejuicios, así como de la referencia a una supuesta idiosincrasia del pueblo mexicano, que en realidad es sumamente diverso.

De hecho, ambos temas también son ineludibles gracias a las demandas de amplios sectores sociales –como el feminista, por ejemplo–, que exigen respeto a sus derechos y libertades.

  1. Así que tarde o temprano, y aunque no lo quieran, el los legisladores deberán abordar el tema de la interrupción legal del embarazo y la legalización de la mariguana, mientras que el gobierno deberá implementar políticas públicas al respecto.
Te puede interesar:  No se gobierna con optimismo y buenas intenciones sino con realismo