En el año de 2014, el entonces precandidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, llamó, temerariamente, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación «como vulgares y corruptos”. Ello debido a que la Corte no había aprobado una solicitud de AMLO para llevar a cabo una Consulta Popular.

Meses después, en diciembre de 2015, durante una gira por Oaxaca, AMLO habló sobre la designación de dos nuevos ministros, y a quienes calificó como las cuotas del PRI y el PAN.

Se trataban de Norma Piña y Javier Laynez, a quienes el precandidato de morena en la elección presidencial describió,  como «unos achichincles de Enrique Peña Nieto«. AMLO añadió,  que » tanto Laynez como Piña son «obedientes y serviles» al gobierno y que con ello se confirma que el poder judicial no es independiente y forma parte de la mafia del poder»

En febrero de 2018, ya como precandidato presidencial y en una gira proselitista por el Estado de Colima, AMLO calificó a los ministros como «maiceados y alcahuetes» por actuar, decía,  bajo consigna. Recriminó, además, que lo ministros tengan altos salarios los cuales no desquitaban a pesar de que el dinero que ganan es de los impuestos que pagan los mexicanos.

En mayo de 2018, ya en el periodo de campañas, AMLO volvió a arremeter en contra de los integrantes de la Suprema Corte,  y los acusó de no resolver nada a favor del pueblo. «¿Saben de algo que hayan hecho los de la Suprema Corte en beneficio de México, se han enterado de algo que hayan resuelto a favor del pueblo? ¡Nada,  remachaba!».

Hace una semana, Roberto Zamarripa, reportero y columnista del periódico Reforma, escribió que Julio Scherer Ibarra, el actual consejero Jurídico del presidente,  habría intervenido para que quien fuera presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación fuese presionada a renunciar a su condición de presidenta del máximo tribunal electoral del País.

Como se puede observar, el presidente de la república, no tiene ninguna estima hacia uno de los otros poderes de la república, pero más que ello, no tiene respeto alguno hacia el poder judicial,  al grado de que se ha referido a sus integrantes como «corruptos, vulgares, achichincles, serviles, alcahuetes, maiceados, inútiles, mafiosos, parásitos»,  y para colmo –de ser puntual la información de Zamarripa– ahora degrada a la SCJN,  al grado de utilizar a su presidente como «el mensajero» para destituir a la magistrada Janine M. Otalora.

Este comportamiento del encargado del ejecutivo federal no solo es grosero e impertinente, sino que es atentatorio y lesivo contra la república y contra uno de sus elementos sustantivos, es decir, la independencia que se deben entre cada uno de los poderes que la constituyen. Al poder Legislativo, lo sabemos, lo entiende como un accesorio caro e inútil, y no pierde oportunidad para humillarlo, a veces,  el de manera directa, en otras ocaciones a través de la dirigenta de su movimiento. No le gustó como se legisló un artículo transitorio, y no tuvo empacho López Obrador en regañar públicamente a los diputados Mario Delgado y Pablo Gómez Álvarez.

¿Es suficiente con todo esto,  para mostrar sus impulsos conservadores y sus arrebatos contrarios al sistema republicano y liberal?  Pues no, y tal pareciera que quisiera dejar claro que el ejecutivo no quiere ningún poder independiente al suyo, y menos que sirva de contrapeso y equilibrio. Se atreve entonces, López Obrador, a decidir que la próxima ministra, que será electa por el Senado, sea alguien que dependa, sin pudor alguno, del poder presidencial. La terna de tres personas que el elaboró personalmente,  incluye a la esposa de su contratista preferido, a la esposa de su colaborador político más cercano, y a quien fuese su candidata a gobernadora en Querétaro.

Como se ve, quiere a un poder Judicial sometido, degradado, humillado, y eso es lo mismo que le reclamaba, López Obrador,  a Calderón, a Peña Nieto, a Salinas de Gortari.

Jesús Ortega Martínez.