El gobierno que encabeza López Obrador aún no llega a los 100 días y ya tiene una decena de frentes abiertos que, día a día, minan ese bono democrático que proporcionó el triunfo electoral obtenido en las urnas en julio pasado. Parece mucho más tiempo, quizá porque en el periodo de transición Andrés Manuel no fue sólo un presidente electo sino un tomador de decisiones, gracias al retiro de la escena política de Enrique Peña Nieto.

De modo que las altas expectativas generadas durante la campaña y luego en el periodo de transición, se topan con la dura realidad de formar gobierno, comenzar la curva de aprendizaje y atender los temas diarios y de coyuntura. A lo anterior hay que añadir que un partido movimiento como lo es MORENA no tiene cuadros administrativos preparados y muy pocos provienen de experiencias en gobiernos anteriores. Lo anterior explica, en parte, la cascada de críticas por nombramientos hechos en Conacyt, contratando en niveles de mando a personas que no cumplen el perfil del cargo, sin la suficiente preparación académica y con poca o nula experiencia en las actividades encomendadas; propiciando el descontento e irritación de la comunidad científica.

Un caso similar, pero con rasgos políticos diferentes, se aprecia en las ternas enviadas por el Ejecutivo para ocupar cuatro lugares vacantes en la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Dichas vacantes se producen por renuncias anticipadas al término de los periodos para los que fueron elegidos, presumiblemente debido a presiones provenientes de la SENER y por el desprecio de López Obrador por los organismos autónomos a los que, según él, estaban al servicio exclusivo de los intereses privados y ahora quiere controlar teniendo mayoría de consejeros afines a él. Sin embargo, al momento de enviar las ternas correspondientes, éstas tuvieron algunos integrantes muy poco calificados y, otra vez, sin cubrir el perfil de las designaciones. Las comparecencias de los aspirantes en el Senado exhibieron a personas sin la capacidad suficiente, otros de plano mejor ni acudieron.

Ya conocemos, también, otra práctica de la 4T, los nombramientos a modo. Tal es el caso de Paco Ignacio Taibo II, en el FCE y Margarita Rios Farjat, en el SAT, que requirieron cambios en la ley para que pudieran cumplir con los requisitos para dirigir esas instituciones. Los últimos casos controversiales pero que no tienen que ver con la capacidad profesional son los de Jenaro Villamil al frente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado, al cual llega con la licenciatura terminada, pero sin título y cédula profesional, como marca la ley; y otro caso, el del Secretario de Educación, que primero manifestó ser licenciado en derecho, para luego corregir y aceptar que aún debe materias de la carrera.

El problema de fondo del nuevo gobierno es el desprecio que el Presidente tiene por la administración pública federal, a la cual de un modo o de otro califica como corrupta, viciada y al servicio intereses inmorales, sin hacer distinciones ni mayor análisis, de ahí que con el criterio de la austeridad financiera se da al traste con múltiples programas que lo mismo son becas de estudiantes en el extranjero o estancias infantiles para madres trabajadoras. El ahorro por la austeridad, según él, debe servir para sus programas sociales, los de él, lo demás pueden sacrificarse y siempre podrá usar la corrupción como justificación.

No suma 100 días y este gobierno federal ya pierde adeptos y provoca decepción entre la comunidad científica, familias beneficiarias de las estancias infantiles ahora afectadas, miles de trabajadoras y trabajadores de la administración pública que han visto reducidos sus sueldos y prestaciones o de plano renunciaron, muchos de ellos y sus familias probablemente votaron por López Obrador y ahora comienzan a cuestionar si ese cambio en el poder será para mal en lugar de bien.

  

Juan Zepeda Hernández, Senador de la República