El día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador atentó gravemente contra el principio constitucional de división de poderes y acumuló, indebida y autoritariamente, atribuciones exclusivas no del Poder Legislativo, sino del Constituyente Permanente.

Con ese acto, se sienta el más peligroso precedente para la instauración de un sistema político de corte semi-dictatorial, dado que el titular del Poder Ejecutivo se arrogó para sí mismo y de facto, la facultad de no aplicar las disposiciones constitucionales vigentes y sustituir el complejo proceso de reforma constitucional con la simple expedición de memorandos dictados desde la soledad del despacho presidencial.

El memorando de ayer, dirigido a tres secretarías (Gobernación, Educación y Hacienda) de su gabinete legal, incluye textualmente el siguiente contenido: “Las instancias del Poder Ejecutivo Federal dejarán sin efectos todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”.

En pocas palabras, el presidente López Obrador, ante el chantaje político de sus aliados electorales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la imposibilidad de concretar la reforma constitucional en materia educativa que los satisfaga, ha decidido rebasar al Poder Legislativo por la vía de la ilegalidad y decretar que las disposiciones que los evalúan, los obligan a asistir a clases, a capacitarse y que les quitan el control de las plazas y el presupuesto educativo, queden sin efectos.

El interés superior de la niñez mexicana a una educación de calidad, negociado ilegalmente como moneda de cambio en el pago de facturas políticas. Vaya “cambio de régimen” de la cuarta transformación: del capitalismo de cuates a la asociación delictuosa.

Cuando el primero de diciembre, el presidente hizo formal y solemne protesta de su cargo, juramentó una fórmula que está presente (ha tenido modificaciones a través del tiempo) desde la Constitución de 1824 y que en el artículo 87 vigente, precisa: «Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande.»

Pedir a sus subalternos que desacaten la Carta Magna y varias leyes generales, es una abierta violación a su mandato constitucional y un golpe de Estado técnico al Poder Legislativo.

El entuerto fue tan ominoso que destacados juristas mexicanos como el ministro en retiro José Ramón Cossío, el académico Miguel Carbonell y el presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana José Mario de la Garza salieron de inmediato a esclarecer la ilegalidad de la medida y advertir la vulnerabilidad jurídica extrema de la decisión.  Esta deliberada y notoriamente equivocada acción presidencial no tiene explicación, salvo que haya sido decidida sin contar con la más elemental asesoría legal.

Y aunque el doctor en Derecho Constitucional y también senador Ricardo Monreal y el diputado federal Mario Delgado, ambos por Morena, hayan aplaudido públicamente el memo de la vergüenza, lo cierto es que algunas voces del equipo jurídico del presidente están intranquilas por su alcance. Para apaciguar las duras críticas a su jefe, sostienen que mientras no se publique el memorándum en forma de decreto en el Diario Oficial de la Federación, no hay ningún problema. Discrepo de ese punto de vista, deberían preocuparse y mucho.

El presidente publicó el documento en su cuenta verificada de Twitter, lo cual acredita su voluntad y autenticidad. Es decir, ni cómo negar que esa comunicación existió y fue firmada por el titular del Poder Ejecutivo. Lo subrayo por lo siguiente.

El artículo 216 del Código Penal Federal al establecer el delito de “coalición de servidores públicos” lo tipifica de la siguiente manera: “Cometen el delito de coalición de servidores públicos, los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento u otras disposiciones de carácter general, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas”. La pena impuesta consiste en: “dos años a siete años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de la comisión del delito”.

Se dirá que el presidente no corre ningún riesgo porque tiene fuero constitucional y según el artículo 108 de la Constitución “sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.

Cierto, pero el caso de los secretarios de despacho es distinto y pueden ser sujetos a juicio político. En conformidad con la fracción segunda del artículo 109: “se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”.

Que el presidente de la república no pueda ser juzgado por un delito en su carácter de servidor público, no significa que no pueda incurrir en esa conducta que les ordena cometer a sus secretarios de Estado, poniéndolos en un terrible predicamento: obedecer al presidente o respetar la ley.

Las instituciones públicas existen para combatir la ilegalidad, no para promoverla. Elegimos un presidente para que haga valer el Estado de Derecho y sea el primero en exigir su cumplimiento, no su destrucción.

El dilema debe ser para López Obrador: ¿Hay un hombre de leyes o un facineroso en Palacio?