La terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar la vacante que dejó la ex ministra Margarita Luna Ramos en la Suprema Corte de Justicia representa un grave riesgo de retroceso para la autonomía del Poder Judicial y para la progresividad de los derechos humanos.

Por un lado, la terna atenta contra la autonomía del Poder Judicial porque las tres aspirantes tienen vínculos probados con el presidente o su partido, mismos que ponen en duda su independencia e imparcialidad y prefiguran conflictos de intereses.

Como es sabido, Celia Maya fue candidata de Morena al gobierno de Querétaro. Por su parte, Loretta Ortiz fue diputada de Morena y es esposa de Agustín Ortiz Pinchetti, quien se desempeña como Fiscal Electoral y participa en la redacción de la “Constitución Moral” de AMLO. Y Yasmín Esquivel Mossa es esposa de José María Riobóo, un empresario ligado al presidente.

Por otro lado, la terna atenta contra los derechos humanos de las mujeres y de la comunidad LGBTTTI en vista de las posturas expresadas el pasado martes por al menos dos de las aspirantes durante sus comparecencias ante el Senado.

Cabe recordar que cuando Celia Maya fue cuestionada respecto al tema de la adopción homoparental se mostró ambigua y dijo que “en la idiosincracia nuestra todavía es (un tema) difícil”. Además, se pronunció a favor de hacer una revisión especial a las parejas del mismo sexo para demostrar su capacidad para adoptar.

Por su parte, Yasmín Esquivel se dijo abiertamente “a favor de la vida” y en contra del aborto.

Ambas posturas van en contra de recientes sentencias de la Corte destinadas a proteger los derechos de las mujeres y de las parejas conformadas por personas del mismo sexo.

Desde 2010, la SCJN determinó que no existen argumentos jurídicos que impidan adoptar menores a las parejas homosexuales. Además, el máximo Tribunal ha considerado inconstitucionales las leyes de las entidades federativas que limitan la definición de matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer, excluyendo a las parejas del mismo sexo.

Asimismo, en 2018, con el fin de proteger los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, la Corte declaró que todas las autoridades del sector salud están obligadas a practicar el aborto a las mujeres que así lo soliciten cuando su embarazo sea producto de una violación.

De modo que las posturas de Celia Maya y Yasmín Esquivel representarían retrocesos en materia de derechos humanos.

Desde la reforma constitucional de 2011, el Estado mexicano adquirió la obligación de armonizar los principios de la Constitución con lo dispuesto en los tratados internacionales, así como promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Esos principios brillan por su ausencia tanto en la postura de las candidatas de AMLO para la Corte como en las políticas públicas del gobierno obradorista.