La desaparición de al menos 44 migrantes en Tamaulipas podría convertirse en un escándalo de proporciones similares a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Y es que son muchos los paralelismos: desde el secuestro de un grupo numeroso de individuos a manos del crimen organizado; pasando por la posible complicidad de las corporaciones policiales; hasta la actuación negligente de los gobiernos en turno.

El pasado 7 de marzo, un autobús que circulaba por la carretera San Fernando-Reynosa fue interceptado por presuntos integrantes del crimen organizado. El comando de civiles armados obligó a descender de la unidad a al menos 19 personas que fueron “levantadas”.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de las víctimas que –según la versión oficial de los hechos– serían migrantes centroamericanos que viajaban en dirección a la frontera con Estados Unidos. Lo anterior, sin embargo, es sólo una presunción, basada en el hecho de que las desapariciones no fueron reportadas por ningún familiar de las víctimas.

Los hechos no se hicieron de conocimiento público sino hasta cuatro días después gracias a investigaciones periodísticas que dieron pie a declaraciones encontradas por parte de las autoridades.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aseguró que el camión donde viajaban las personas desaparecidas “iba escoltado por la Policía Federal”.

El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, por su parte negó la versión del gobierno de Tamaulipas a través de su cuenta de Twitter.

Sin embargo, en una columna publicada este martes en el periódico El Universal, el periodista Héctor de Mauleón –citando fuentes de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal– confirmó que sí había un operativo para escoltar autobuses de transporte de pasajeros, al menos hasta febrero pasado.

Aún más: De Mauleón reveló que el 19 de febrero –tres semanas antes del caso en cuestión– un grupo de 25 personas también fue secuestrado en la misma carretera y con el mismo modus operandi; cuando el autobús en que viajaban fue interceptado por un comando armado.

De acuerdo con la versión del periodista, los hechos fueron del conocimiento de la Policía Federal desde el mismo 19 de febrero. Y un día después, el Secretario General de gobierno César Augusto Verástegui envió una carta relatando los hechos al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas, sin obtener respuesta.

A “periodicazo” pasado, este martes Encinas reconoció además de los 19 presuntos migrantes desaparecidos el 7 de marzo hay otros 25 que fueron secuestrados desde febrero (la versión coincide con lo reportado por De Mauleón). De modo que #NosFaltan44, pues la nacionalidad o el estatus migratorio de las víctimas no puede ser atenuante de la grave violación a los derechos humanos de estas personas, cometida en territorio nacional.

Hasta ahora, el símbolo de la inacción de las autoridades ante la tragedia en San Fernando es el propio presidente López Obrador, quien ignoró el tema  por completo tanto en su conferencia mañanera del lunes como en su informe de 100 días de gobierno.

Posteriormente, dijo en la mañanera del martes –sin elementos de prueba– que, según su hipótesis. los migrantes no desaparecieron, sino que se fueron con “polleros” para cruzar la frontera.

El anterior razonamiento es tan falaz como el de quien argumenta que las mujeres “no desaparecen, sino que se van con el novio”.

Bien le valdría al gobierno recordar la masacre ocurrida en 2010, también en San Fernando, cuando 77 migrantes fueron ejecutados luego de que un comando de Los Zetas secuestró el camión en que viajaban. Un año después, en la misma zona fueron halladas fosas clandestinas con los restos de 193 personas, la mayoría de las cuales fueron vistas por última vez en autobuses secuestrados.

¿Les suena lógica la hipótesis del presidente?