Los medios de comunicación realizan dos tareas fundamentales para el funcionamiento de las democracias modernas: 1) Dan a conocer a sus audiencias la existencia de problemas públicos (políticos y sociales) que requieren ser atendidos; y 2) Ofrecen interpretaciones sobre esos problemas o acontecimientos de interés público a partir de líneas editoriales marcadas por sus ideologías o por sus intereses políticos y económicos.

Gracias a esta labor de los medios los ciudadanos pueden contar con fuentes de información diversas, contrastar el discurso de los actores políticos y sociales y –en última instancia– forjarse un punto de vista que oriente su participación política.

El problema es que en México un periodista puede ser asesinado por exponer información o brindar puntos de vista que incomoden al crimen organizado, a algún grupo de poder, a un actor político, e incluso a las autoridades.

Tan sólo el sexenio pasado se registraron 47 asesinatos, cuatro desapariciones y 2 mil 502 agresiones contra periodistas. Además, de acuerdo con la organización Artículo 19, la mayor amenaza para la libertad de prensa en México es el propio Estado: de 544 agresiones contra periodistas reportadas en 2018 –incluídos nueve asesinatos– 230 fueron perpetradas por agentes del Estado, y en el 20 por ciento de los casos participaron autoridades federales.

En el actual sexenio poco ha cambiado: a los cuatro periodistas asesinados en el arranque del nuevo gobierno hay que sumar los insultos proferidos por el presidente contra la prensa que lo critica. Y ahora, aparentemente, también hay que agregar las amenazas por parte del mandatario:

Si ustedes se pasan, pues ya saben lo que sucede”, dijo AMLO a los reporteros durante su conferencia mañanera del lunes en alusión al caso del periodista Jorge Ramos, quien incomodó al mandatario con sus preguntas en la rueda de prensa del pasado viernes.

“Lo que sucede” es que México está catalogado como el país más peligroso para ejercer el periodismo en todo el continente, pues en poco más de seis años han sido asesinados al menos 51 comunicadores.

De modo que la amenaza del presidente se explica por sí misma.

Sin embargo, habrá que ver la reacción de la prensa ante la que parece ser una amenaza explícita por parte de una autoridad pública.

En Estados Unidos la prensa supo interpretar la amenaza para libertad de expresión que significan los desplantes autoritarios de Donald Trump.

Luego de que éste prohibió la entrada a la Casa Blanca de periodistas que le hacían preguntas incómodas; y luego de que el mandatario calificó a los medios como “enemigos del pueblo”, la prensa estadounidense respondió de manera organizada.

En agosto del año pasado el Boston Globe convocó a otros medios a publicar de manera simultánea, editoriales sobre “los peligros del asalto del gobierno a la prensa”. A la iniciativa se sumaron cientos de periódicos, entre ellos el New York Times, que denunció a Trump por tachar como “noticias falsas” las verdades que no le gustan.

¿Será la prensa mexicana capaz de interpretar la amenaza que se le puso enfrente? ¿Será capaz de responder de manera organizada más allá de sus posiciones editoriales? ¿O el autoritarismo presidencialista triunfará sobre la libertad de expresión?