La reforma constitucional en materia de justicia laboral y libertad sindical de febrero de 2017 es la más importante desde que se estableció el contenido original del artículo 123 de la Constitución. En el artículo segundo transitorio de dicho decreto se estableció la temporalidad de un año para realizar las adecuaciones legislativas correspondientes. En realidad, el Congreso tardó más de dos años para atender su obligación de legislar en este tema, pero el pasado jueves se dio el primero paso para reformar la Ley Federal del Trabajo y otros ordenamientos necesarios para poner en marcha lo dispuesto en la Carta Magna.

No es exagerado afirmar que se trata de la reforma más importante y con mayor impacto en la vida laboral de México desde la promulgación de la Constitución de 1917, cuando muchos países reconocieron lo avanzado y vanguardista del contenido que regulaba y garantizaba el derecho al trabajo, a la organización sindical y la administración de los conflictos laborales. Un siglo después se aprobó el mayor cambió en materia de justicia laboral, libertad sindical y contratación colectiva.

Las reformas a la Ley del Trabajo, de acuerdo con lo aprobado por la Cámara de Diputados, contemplan la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y los Centros de las entidades federativas, que actuará al mismo tiempo como autoridad conciliadora y como autoridad registral. Elimina las Juntas de Conciliación y Arbitraje para dar paso a los Tribunales Laborales integrados al Poder Judicial de la Federación y a los correspondientes de las Entidades Federativas, con la facultad de impartir justicia laboral desde tribunales jurisdiccionales especializados, por lo que además de reformar la Ley del Trabajo, es necesario, reformar La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Esta reforma en materia laboral es necesaria también para dar cauce a los compromisos internacionales asumidos recientemente por el Estado Mexicano, con relación a la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo y con el resultado de la renegociación del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, conocido ahora como T-MEC. En el Capítulo 23 de dicho acuerdo se establece que “Cada Parte adoptará y mantendrá en sus estatutos leyes y regulaciones, y en las prácticas que deriven de éstas, los siguientes derechos tal y como se establecen en la Declaración de la OIT sobre los Derechos en el Trabajo: (a) libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva…” y que México adoptará y mantendrá las disposiciones necesarias “para el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva”.

En tal sentido, las reformas a la Ley del Trabajo suponen un paso decisivo para terminar con los contratos simulados y los sindicatos “blancos” y “fantasmas” que no conformaban una representación real de los trabajadores. En la nueva normatividad se establecen con claridad los procedimientos para conformar los sindicatos y la elección de sus dirigencias, así como los mecanismos para establecer los contratos colectivos, siempre con la mayor transparencia y apegado a procedimientos supervisados por las nuevas autoridades en la materia.

La reforma a la Ley del Trabajo tiene prevista, también, la obligatoriedad de los patrones a dar de alta a los trabajadores del hogar en el IMSS y pagar las cuotas correspondientes, lo que ya ha comenzado a implementarse mediante el “programa piloto que para tal efecto ha puesto en marcha el Seguro Social.

Queda, pues, que el Senado de la República actúe como Cámara revisora y analice la Reforma Laboral, sin menos cabo de realizar un procedimiento abierto a la sociedad y un profundo en su examen, sí existe una cierta premura por aprobarla para que se elimine cualquier pretexto por parte del Congreso de los Estado Unidos y de Canadá, para refrendar el T-MEC.  

Juan Zepeda Hernández, Senador de la República