En días pasados la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entregó al Senado de la República una propuesta de Contenidos básicos para la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que tiene como finalidad proporcionar insumos que faciliten la incorporación de una perspectiva de los Derechos Humanos. Es un documento que coopera con elementos “fundamentales” como: supervisión ciudadana, transparencia, rendición de cuentas, máxima publicidad y perspectiva de género. Sin embargo…

Los señalamientos por presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de servidores públicos de los tres niveles de gobierno continúan. Son hechos lamentables y para el estado mexicano representan un retroceso en cuanto a la seguridad pública y protección humana. En este caso, “anteponer la actuación condicionada” no es la solución. ¿Los agentes del orden poseen capacitación en materia de inteligencia emocional para atender escenarios en situaciones de crisis? Me gusta pensar que sí.

Antes de continuar es conveniente entender qué significa el término “inteligencia emocional”, el Dr. Armando Lozano, especialista en estos temas refiere que: “es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos y manejar adecuadamente las emociones en nosotros mismos y en las relaciones con los demás”. En las lecciones aprendidas es mejor pensar cómo empoderar a los guardianes del orden ante un desborden de sentimientos y traición de impulsos al dejarse llevar de manera equivocada en aras de justicia, impotencia, venganza, condiciones hostiles, enjuiciamiento que inunda la actuación policial en escenarios adversos que provocan un desequilibrio en sus acciones.

Desde el año 2009 se han realizado diversos Protocolos de Uso de la Fuerza, son intentos loables de armonización con los estándares internacionales y la idiosincrasia de la autoridad mexicana. Gracias por la contribución y preocupación para fortalecer la actuación de los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. En México durante las lecciones aprendidas en el marco de operaciones en situaciones de crisis y alto impacto podemos constatar que la falta de control emocional en ocasión termina por cometer presuntas violaciones a los derechos humanos. ¿Los lineamientos son suficientes y ajustables a las condiciones de la autoridad para cumplir en la actualidad a cabalidad lo normativo y evitar la violación de los derechos humanos?

Las instituciones tienen obligación de realizar un Protocolo de Uso de la Fuerza. Entonces plasma directivas del deber ser a criterio, modo, sentimiento y ocurrencia, es una manera fácil de vulnerar la función policial. ¿Son las herramientas de aplicación que requiere el Estado mexicano para cumplir a cabalidad las expectativas de respeto en materia de derechos humanos?  

Es curioso, podemos plasmar lineamientos en materia de Uso de la Fuerza para no caer en abusos, atar de manos a la autoridad y de paso victimizar al delincuente ¿y las víctimas? Bajo una “seguridad condicionada” se clama supervisión ciudadana, en este contexto la propuesta no es nueva pero si reflexiva, ¿Por qué no incluir en las operaciones de alto impacto a fiscalizadores, ciudadanos, legisladores, que constaten la actuación de las fuerzas del orden? Nadie en su sano juicio con un poco de mesura acompañaría en riesgo inminente a la “carne de cañón”. Entonces es mejor: dotar de cámaras adheridas.

En conclusión, se requiere una autoridad empoderada con representación ante el Congreso y el Poder Legislativo que de luz en la práctica en los diferentes teatros de actuación, bajo un aprendizaje en materia de inteligencia emocional y manejo de crisis para evitar el uso excesivo de la fuerza, sólo entonces tendremos una capacitación y máxima publicidad con reglas claras en materia de lineamientos y conocimientos dogmáticos de procedimientos de los Protocolos de Actuación del Uso de la Fuerza.

Agradecido por quejas, opiniones y ocurrencias.

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