Cualquiera con dos centímetros de frente sabe que los dichos del presidente son ocurrencias con espasmos de verdad. Dos meses de administración dejaron ver que incluso en el poder, Andrés Manuel López Obrador favorece la fantasía e ignora la realidad de los hechos, de las evidencias científicas y de las estadísticas serias. Lo preocupante, sin embargo, es que mientras el gobierno en turno insiste en plantarse en el discurso de oposición, para el resto del mundo los dichos del presidente son hechos de Estado.

En otras palabras, el presidente López Obrador puede señalar a sus antecesores, puede culpar de todo a la corrupción o puede vender humo y espejitos como políticas de Estado; pero ante los ojos de la comunidad internacional, de la iniciativa privada, y de las calificadoras serias, lo que sale de la boca del presidente es información privilegiada que debe tomarse en cuenta para decisiones de inversión, de expansión, y hasta de calificación de bonos y créditos.

Lo anterior viene a cuenta porque hace semanas, en plena crisis por el desabasto de combustible, el Presidente Obrador prácticamente acusó a su equipo de trabajo de encabezar una red de huachicoleros que cuesta millones de pesos al erario.

Palabras más, palabras menos, Andrés Manuel López Obrador aseguró que los responsables del robo de combustible están dentro de la cadena de mando de Petróleos Mexicanos. El titular del Ejecutivo incluso tuvo la osadía de calificar de cortina de humo a los cientos de mexicanos que día a día perforan ductos y roban hidrocarburos. Para el presidente, los verdaderos responsables de la ordeña clandestina y del fraude a Pemex trabajarían en la petrolera y serían parte del gobierno federal.

Lo que el presidente no entendió o simplemente se negó a entender es que su señalamiento se convirtió en versión oficial. En otras palabras, el Estado Mexicano reconoció que sus trabajadores ordeñan ductos, desvían recursos y operan Petróleos Mexicanos de forma irregular. Lo anterior, ante los ojos de su claque, parecería un desplante de valentía y un instante de sinceridad. El problema, sin embargo, es que el presidente López puso en duda el desempeño, la información, y las decisiones de su equipo de trabajo.

Dicen los enterados que la ocurrencia del presidente encendió las señales de alerta. Cuentan los que le saben que en el corazón de Petróleos Mexicanos circula la especie de que una administración poco confiable no podría emitir documentos financieros veraces. En efecto, la ocurrencia presidencial habría puesto en duda las cifras oficiales que la petrolera reporta a la Bolsa Mexicana de Valores, a las calificadoras internacionales y a las cámaras bursátiles de otras partes del mundo. Hay más, algunos sostienen que los responsables de auditar la información financiera de Pemex habrían puesto en duda la posibilidad de avalar las cifras de la petrolera.

De confirmarse esta versión, Petróleos Mexicanos estaría en una situación precaria.

Expertos en la materia sostienen que la ausencia de opinión de los auditores evitaría que Pemex cumpla con los compromisos de transparencia y rendición de cuentas que marca la ley, con las normas y procedimientos de las bancas nacionales e internacional, y más importante, Pemex incurriría en algo llamado debilidad material de control interno.

Los expertos en materia financiera y fiscal sabrán que la debilidad material es el nivel más grave de inconsistencias en la confiabilidad del control interno de una empresa. De hecho, la situación sería tan grave que una empresa con debilidad material perdería caudales de dinero pues el costo de su deuda se iría al cielo, el valor de sus bonos caería y las empresas responsables de certificar y evaluar su desempeño podrían, incluso, poner en duda su capacidad para seguir operando.

Afortunadamente, Pemex se encuentra a tiempo de frenar la crisis.

Por un lado, dicen los enterados que se necesitaría un milagro para revertir la debilidad material y sus terribles consecuencias. No obstante, todavía es posible recuperar la confianza de los auditores y luego de un tortuoso periodo de negociación, de nuevos compromisos y de la imposición de condicionantes severas, la petrolera mantendría su estatus de negocio en marcha. En pocas palabras, Pemex podría levantarse de la ocurrencia presidencial aunque los dichos del mandatario le costarían –o costarían a los mexicanos–, miles de millones de pesos.

Al parecer, la administración en turno conoce el riesgo que enfrentan. Acaso por eso, en días pasados se removió a tres altos directivos de Pemex. Uno de los caídos fue el director de Pemex Exploración y Producción –PEP—, la empresas subsidiaria estrella que, de no ser por el régimen fiscal bajo el que opera, sería una de las empresas más valiosas del mundo. Según parece, al cortar cabezas, el gobierno federal adjudicaría la responsabilidad del fraude a tres ovejas negras y con eso trataría de recuperar la credibilidad de sus auditores. Amén de tener éxito, incluso con los despidos el costo de las acusaciones del presidente será altísimo, Pemex difícilmente escaparía las consecuencias de su debilidad material y los mercados difícilmente verían con buenos ojos el relevo en la cabeza de PEP a semanas de su nombramiento.

Por eso, no sobra insistir, aunque el presidente insista en hablar a su base y en mantener un discurso de oposición, lo que dice importa y preocupa al universo de individuos y corporaciones con dinero invertido en México. Cosa curiosa, el presidente de la austeridad costará millones al erario, y todo por no entender que un país no se gobierna con discursos para las graderías ni con buenas intenciones, un país se gobierna con políticas públicas, programas de gobierno y estrategias definidas. Menudo error.