El Senado de la República comenzó a discutir en comisiones, el dictamen remitido por la Cámara de Diputados en el que se aprueba la reforma constitucional que permite la revocación de mandato. Observando esos tiempos, es altamente probable que lo presenten esta misma semana al pleno para su discusión y eventual aprobación, rechazo o aprobación con modificaciones.

A diferencia de la llamada Cámara Baja, en la Cámara Alta el partido oficial (Morena) y sus aliados no tienen mayoría calificada (2/3 partes del Senado) para aprobar la reforma sin modificaciones, por lo que es altamente probable que el dictamen original no pasará sin registrar cambios que cambiarán su alcance y naturaleza.

A continuación, me permito exponer algunos razonamientos que abundan en porqué la revocación de mandato, bajo ninguna circunstancia, puede ser aprobada en los términos que lo hicieron los diputados federales.

  • Los Congresos no legislan, y mucho menos reforman la Constitución para casos particulares. Hacer modificaciones constitucionales cuyo objeto son quienes promovieron la iniciativa o la aprobaron es, en estricto sentido, un acto de abuso de poder. Por ejemplo, cuando se aprobó la reelección legislativa y de alcaldes (reforma que favorece el equilibrio entre poderes y órdenes de gobierno), su vigencia contempló una vacatio legis que impidió que quienes estaban en ejercicio de esos cargos pudieran aspirar a la ratificación de sus mandatos.
  • El presidente de la república ya juramentó el cargo para ejercerlo indefectiblemente por seis años, ni más, ni menos. Por lo que, de aprobarse una revocación de mandato, solo podría entrar en vigor después de 2024 para las autoridades que resulten electas con posterioridad a la reforma.
  • En la reforma aprobada se establece el supuesto de que la revocación de mandato puede ser solicitada por el propio titular del Poder Ejecutivo, lo que quiere decir que en realidad se trataría de una prerrogativa presidencial y no de un derecho político de la ciudadanía.
  • Permitir la revocación de mandato para las elecciones de 2021 significaría que el presidente de la república volvería a aparecer en la boleta electoral y, por tanto, estaría en campaña permanente desde la presidencia para mantenerse en ella, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución porque implicaría la “constitucionalización” de la elección de Estado.
  • Si aprueban la revocación de mandato, para realizarse el mismo día de la jornada electoral, se introduciría un elemento de distorsión en el proceso porque el referéndum sobre la permanencia del presidente en el poder, influiría en todas las demás elecciones a otros cargos de elección popular y detonaría un efecto de voto en cascada que le daría al Ejecutivo la mayoría en el Congreso y en las gubernaturas de las entidades.
  • Algunos sostienen que la revocación de mandato sería un arma de doble filo porque el desgaste del ejercicio del gobierno podría provocar que un presidente pierda popularidad rápidamente, sin embargo, observando las principales decisiones de López Obrador como concentrar en su persona toda la política de comunicación social, el desmantelamiento de programas institucionales y su sustitución por esquemas de transferencia directa de dinero público y la actitud de estar en permanente campaña y acicateando a la oposición, lo más probable es que el poder presidencial consolide sus estructuras electorales y clientelas políticas.
  • Debe recordarse que López Obrador ya advirtió que con, o sin reforma constitucional de revocación de mandato, él se someterá a ese ejercicio. Es decir, si lo aprueban como lo solicitó, el ejercicio será dentro de la constitucionalidad, y si no se aprueba, de cualquier manera lo hará bajo el esquema de las anteriores consultas populares ilegales. Eso es muy revelador, porque quiere decir que de cualquier manera el presidente verá la manera de hacer activismo por sí mismo desde el poder y por supuesto, volver a colocarse como factótum de la discusión, tal como lo hizo en 2018.
  • Finalmente, lo que propone el dictamen de revocación de mandato es que el pueblo se pronuncie sobre la permanencia del presidente en su cargo y no sobre su interrupción, lo cual puede inducir a interpretaciones muy peligrosas.

A pesar de que el presidente López Obrador firmó y presentó una carta pública en la que se compromete a no buscar la reelección porque es “maderista” y “demócrata”, en otras ocasiones y en la misma carta, ha sostenido que el artículo 39 de la Constitución mexicana que consagra el principio de soberanía popular debe interpretarse como el derecho del pueblo a quitar y poner a sus gobernantes. Suponiendo que en 2024 él no quiera buscar nuevamente la presidencia porque “es demócrata”, pero “el pueblo le pide que se mantenga en el cargo”, ¿cuál criterio prevalecerá? ¿El que dice que no se reelegirá por sus principios o el que dice que él se somete al pueblo y que el pueblo quita y el pueblo pone? Para entonces, si se aprueba la reforma constitucional, ya habría pasado la revocación de mandato del 2021 y probablemente tendría mayoría absoluta y algunos gobiernos de los estados. Si en estos primeros meses de ejercicio presidencial se sigue comportando como un mesías autoritario, ¿qué nos hace pensar que no utilizará sus activos políticos y los del gobierno para colocarse por tercera vez, la banda presidencial (la primera como “presidente legítimo”, la segunda como “presidente constitucional”)?

Ni revocación, ni reelección.

Twitter: @OSWALDORIOS