Durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña, uno de los reclamos más furiosos de los opositores al PAN y al PRI fue –respectivamente–, el elevado número de muertos a manos del crimen.

“¡No más sangre!”, gritaban rabiosas campañas para desacreditar al gobierno de Calderón, en tanto que en el de Peña el grito era “militares a sus cuarteles”.  

Hoy, curiosamente, antes de llegar a los primeros 50 días del gobierno de López Obrador, el número de muertos a causa del crimen es el más alto de la historia; rebasa los tres mil fallecidos, ninguno investigado y no existe un solo criminal detenido.

Pero el asunto es peor, si tomamos en cuenta que en el gobierno de Obrador los militares no sólo no regresarán a sus cuarteles sino que el nuevo presidente quiere que se encarguen de hacer las tareas de la policía.

Y tampoco termina ahí el tema. Hoy se discute en el Congreso la reforma constitucional que dará vida a la llamada Guardia Nacional, pero el bodrio que salió de Diputados y va al Senado, no le gustó al presidente. ¿Por qué?

Porque no incluye un artículo transitorio que faculta a los militares para hacer la tarea de los policías y del mismísimo Ministerio Público.

¿Y para qué quiere el Presidente ese instrumento, propio de las peores dictaduras?

Nadie lo sabe. Lo que si se sabe es que el propio gobierno de Obrador podría derribar la creación de la Guardia Nacional y –de esa manera–, el transitorio se convertiría en la verdadera Ley.

Es decir, tendríamos a un presidente con la tentación permanente de un golpista; con los instrumentos a su alcance y con la posibilidad de perseguir a sus críticos y opositores.

Y es que si bien en el nuevo gobierno se argumenta que no se ha podido combatir el crimen y la violencia, porque no cuentan con el instrumento adecuado –una Guardia Nacional militarizada–, lo cierto es que tampoco ese cuerpo de represión podrá acabar con la desbordada criminalidad.

¿Por qué?

Porque el de la violencia y el crimen no es un problema de policías y ladrones; tampoco de militares y ladrones. El problema de fondo es de impunidad; de los miles de ciudadanos que hoy viven de la floreciente industria del crimen -en todas sus modalidades–, sin que nadie haga nada para castigar esas prácticas.

Por ejemplo, no es un secreto para nadie que en Puebla, Michoacán, Guanajuato y otras entidades, existen pueblos enteros que viven del robo gasolina; tampoco es nuevo que existen pueblos de familias dedicadas a la trata de personas y pueblos enteros que fabrican drogas sintéticas.

También es pública la impunidad de políticos –como el propio López Obrador–, que por más de 20 años estimularon el robo de energía eléctrica. Nadie dice nada de todos esos casos y el mensaje que se manda es de total impunidad.

Por eso la mejor lucha contra el crimen es poner fin a la impunidad, por los medios que sean necesarios, antes que convertir a los militares en policías.

Las muertes violentas seguirán, el robo de combustible seguirá, el secuestro, la trata… todas las modalidades criminales, en tanto no se ponga fin a la impunidad. Y a Obrador eso no le importa.

Se los dije