“No lo sé con seguridad, tengo apenas unas sospechas” Mario Vargas Llosa

Sin duda la mortalidad alcanza a todos. La muerte posee diversas caras y los rostros de justicia sucumben ante el infortunio. En México continúan los asesinatos de policías y miembros de las Fuerzas Armadas, ambos agentes del orden que comparten el destino de la seguridad. ¿Los asesinatos son el precio justo por mantener la paz?

Las ejecuciones  de ciudadanos y agentes del orden se mantienen al alza sin preocupar casi a nadie, sólo a los deudos. Los crímenes son justificados con argumentos imprecisos poco sensatos e injustos. Nadie merece ser acusado sin derecho a defender o ser defendido, menos torturado y asesinado.

En un relato a través de diversos periódicos se aprecian cifras alarmantes de agentes del orden fallecidos en los últimos tres años: La Jornada refiere “el año 2017 posee la cantidad más alta en treinta años con 561 policías asesinados”, El Economista, menciona “357 muertos de las Fuerzas Armadas”. En el 2018, “421 policías y 185 militares abatidos”. La organización ciudadana Causa en Común, cita que en 2019 en apenas tres meses, “92 policías asesinados” y Milenio cuenta “06 militares caídos”. Las estadísticas son cuantificadas con base a las actas de defunción. ¿Y los desaparecidos?

Las críticas sociales son contundentes cuando se compara la muerte de ciudadanos con autoridades, olvidamos las causas delincuenciales que lo provocan. ¿Perdemos el rumbo ecuánime y reflexivo bajo la insensibilidad? Es cierto que la formación inicial policial, la continua capacitación, el riesgo y recursos económicos son factores que inciden en la muerte de las autoridades, la corrupción e impunidad también lo es, sin olvidar la venganza por el correcto proceder. El mensaje es claro ¿si matan a diario agentes del orden, qué garantías de seguridad espera la comunidad?

La pérdida de agentes del orden no es un uniforme menos. Para las instituciones de seguridad son “integrantes”, para la sociedad son “otros más”, esto trae consecuencias en la actuación, moral, identidad, vocación y sacrificio. Nunca borremos de la memoria, son padres, esposos(as), hermanos(as), hijos(as), amigos(as). ¿Existe una diferencia entre la muerte de civiles y autoridades? Estamos de acuerdo, resulta una tragedia y poseen la misma importancia.

Son exiguas las dependencias que velan por los intereses garantes de integridad y jurídicos de los agentes del orden, las entidades estatales limitan su actuación bajo el marco de ley, prestaciones sociales, sujetos a supervisiones por medio de los órganos reguladores del Estado. Poco ayudan las organizaciones que se profesan en “pro-de los derechos y humanidad”. Sin embargo de fondo existe la doble moral de estos entes por “ganancias secundarias” cuando  pregonan defender la verdad y justicia y en realidad: “criminalizan a los agentes del orden y victimizan a los presuntos responsables”.  

El Estado otorga distinciones creando fiscalías especiales reactivas en atención a homicidios de actores de la vida pública, pero no a los responsables de velar por la seguridad de la ciudadanía. Es probable que exista desequilibrio social, ello soslaya la justicia en el concepto estricto del estado de derecho. Sin generalizar, tenemos clasificaciones notorias: políticos, legisladores, periodistas y magnates de primera, población de segunda, y agentes del orden de tercera. Disparidad que poco contribuye para contener la criminalidad.

¡Cuidado! No es un tema lejano de policías y ladrones, ni buenos o malos. Resultan trágicas e irreparables sin distinción las pérdidas de vidas humanas a manos de la delincuencia. El reto es crear condiciones igualitarias para enfrentar los grupos criminales, fortalecer instituciones con liderazgo para hacer valer la justicia en lugar de generar concesiones paternalistas a los infractores de la ley. De lo contrario los rostros de la justicia continuarán proporcionando los muertos, la sociedad…también.

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