Hay algunos medios de comunicación –diarios impresos, revistas digitales, periódicos en línea, páginas web– que apoyaron de manera diáfana la campaña de Andrés Manuel López Obrador, y que ahora, ya como presidente, le han respaldado palmariamente, durante estas primeras semanas de su gestión. Lo hacen desde posiciones, que asumen supuestamente de izquierda, y consideran que con ello se contribuye a resolver graves problemas de país, como el de la corrupción.

La Jornada, Sin Embargo, Revolución 3.0 se distinguen como expresión de un periodismo claramente militante, y aunque hay muchas personas que critican e incluso combaten esta forma de militancia, yo soy de aquellos que opinan que este tipo de periodismo es válido, y que lo es así, desde el punto de vista del ejercicio de derechos constitucionales, pero también lo es desde el punto de vista de la lucha política.

¡Es que celebran, se quejan algunos, todas las acciones del presidente! ¡Pues están en su derecho, insisto!

¡Es que, siendo periodistas, reclaman otros, no son imparciales y apoyan abiertamente los posicionamientos políticos de López Obrador!

¡Y qué más podrían hacer si sus filias obradoristas son tan fuertes, que superan por mucho, sus anteriores convicciones democráticas!

¡No! En verdad que por ese rumbo no habrá manera de desautorizar, con acierto político, su quehacer informativo, pues están en su derecho de apoyar a quienes quieran, y en este caso, al presidente de la república, aunque las decisiones de este dirijan al país hacia una funesta regresión en materia de libertades político-ciudadanas y derechos democráticos.

Veamos el caso, por ejemplo, del diario La Jornada, que en 1984 surgió con la autoridad y la fuerza de un periodismo libre e independiente del poder, y por ello mismo, condenaba con valentía el que los presidentes de la república interfirieran en el desarrollo de los procesos electorales, y más aun, que intervinieran para decidir sobre el resultado de los mismos. Sus directivos, columnistas, reporteros, moneros, mostraron con vehemencia, su irritación, su enojo, cuando en 1988, el entonces secretario de gobernación Manuel Bartlett, por instrucciones del presidente de la república, hacía «caer el sistema» para con ello evitar que se conocieran los resultados de las casillas en las cuales ganaba, por amplia mayoría, Cuauhtémoc Cárdenas, el candidato del Frente Democrático Nacional.

Durante 30 años, la izquierda se esforzó, luchó –con grandes sacrificios de por medio–, para que reforma tras reforma, se lograra que las elecciones se organizaran, desarrollaran y se calificaran al margen, completamente, del presidente de la república. Por lo mismo, fue posible que se reconociera, en 2018, el triunfo de López Obrador.  Y, sin embargo, desde las páginas de La Jornada, la del 2019, se elogia y aplaude que el consejero jurídico del presidente, groseramente, intervenga en la destitución de la presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Durante casi cuatro décadas, la izquierda reformista ha construido un sistema de órganos del Estado que, siendo constitucionalmente autónomos, contribuyen a limitar el poder presidencial. Es el caso del INE, INAI, INEGI, CNDH.  Pero en SinEmbargo MX, vitorean que el presidente López Obrador, les disminuya, a estos organismos autónomos, en sus facultades y en sus objetivos democráticos

Especialmente desde 1968, la izquierda ha batallado para que el ejército no sea utilizado en tareas y responsabilidades que corresponden al poder civil, incluidas las de seguridad pública. En conocimiento de ello, nadie que se asuma de izquierda podría justificar desde el periodismo militante o desde el debate en el Congreso que se apoye, ahora, la creación de la guardia nacional con la que precisamente se militariza la seguridad pública.  No podría, porque todos sabemos que con ello solo se contribuye al crecimiento de la violencia y a una creciente violación de los derechos humanos, y ello, desde luego nada tiene nada que ver con principios de una la izquierda democrática.

Medios de comunicación, periodistas, ciudadanos en general, reitero, están en su derecho de apoyar a López Obrador en todas estas decisiones, pero es necesario decirles que con ello contribuyen a una regresión hacia el presidencialismo autoritario, característico del viejo régimen priista, al mismo que hace décadas surgieron para combatir.

Jesús Ortega Martínez.