Todos saben que “el padre del huachicoleo” se llama Andrés Manuel López Obrador.

Todos recuerdan que en 1995, el derrotado candidato al gobierno de Tabasco llamó a robar energía eléctrica a sus paisanos, los habitantes de no pocos municipios de Tabasco.

El robo de energía eléctrica, bautizado como negativa a pagar, fue la manera en que López Obrador repudió la segunda derrota electoral e su natal Tabasco.

Con esa peculiar manera de robar los bienes de la Nación –que son los bienes de todos–, Obrador se ganó a muchos simpatizantes para su causa política que, en aquellos años, era el gobierno de Tabasco.

Pero el gusto por el robo se convirtió en una patología para esos ciudadanos de Tabasco, que desde entonces no pagan su consumo eléctrico; desde entonces son los corruptos a los que hoy AMLO piensa enviar a una suerte del psiquiátrico de la dictadura que viene.

Tratamiento psicológico para los corruptos, empezando por los de Tabasco que por casi un cuarto de siglo saquearon miles de millones de pesos de la CFE.

Casi 25 años después –y una vez que López Obrador es presidente–, el robo de energía eléctrica –el huachicoleo eléctrico–, se confirmó no como un delito tipificado con cárcel y tampoco como una patología tabasqueña por apropiarse de lo que no les pertenece, sino como una política de Estado.

¿Cómo una política de Estado?

Sí, una decisión del presidente capaz de llegar al borrón y cuenta nueva. Es decir, en lugar de sancionar a los ladrones de energía eléctrica, de darles el trato de ladrones de bienes públicos, de cobrarles lo que adeuda, de cancelar el suministro de energía que se han robado por años, el gobierno de Obrador los perdona, los aplaude y los convierte en privilegiados del gobierno.

En otras palabras, resulta que Obrador convirtió la transa que él mismo prohijó –el huachicoleo eléctrico en Tabaso–, en política pública de Estado, para favorecer sólo a sus paisanos; los transas que llevan casi 25 años de robar el dinero público.

¿Quién y por qué convertir la transa –el huachicoleo eléctrico–, en política pública de Estado?

Porque López Obrador no es el presidente de todos los mexicanos, porque el presidente Obrador detesta –si no es que los odia–, a los ciudadanos que cumplen con la ley, que la respetan, que pagan sus impuestos y que cumplen como demócatas.   

Y es que a partir de hoy, el transa  Manuel Bartlett –director de la CFE al que se le han caído todos los sistemas–, canceló la deuda de los transas tabasqueños y, por si fuera poco, les dará un precio especial, casi un regalo, por la energía eléctrica que consumen.

Y todo por instrucciones del transa presidente Obrador –el mismo que por décadas no ha trabajado pero quién sabe de dónde sacó dinero para que sus familias vivieran como privilegiados–, quien decidió que los transas de sus paisanos –ladrones de energía eléctrica–, reciban un trato especial, por encima de los ciudadanos que trabajan, paga impuestos y respetan la ley.

¿Cuál es el mensaje que manda el gobierno transa de López Obrador cuando perdona a los transas ladrones de energía eléctrica de Tabasco y, encima, alardea de el privilegio que tienen los transas en su gobierno?

El mensaje es claro.

Para el gobierno de López Obrador la transa debe ser aplaudida, los transas premiados y los ciudadanos que cumplen la ley y que pagan impuestos deben ser castigados.

Así la transa de Estado.

Se los dije.