Ayer por la noche, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la Ley Federal de Austeridad Republicana, así como reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la finalidad de establecer supuestas medidas de ahorro, economía y control de gasto para evitar el despilfarro de recursos públicos.

Esta nueva norma pasará ahora al Senado para su análisis y eventual aprobación. No obstante las buenas intenciones de la ley, es importante señalar algunas consideraciones que hacen que las neonatas disposiciones puedan ser contraproducentes, y en algunos casos, terminar como abiertos despropósitos del gobierno federal.

La Ley de Austeridad establece que el presidente de la república podrá decidir a través de decretos, los rubros o acciones a los que reorientará los recursos financieros que sean resultado de las políticas de ahorro.

Atendiendo a su autoritarismo y su poco respeto por la legalidad, esto no es otra cosa que consolidar la discrecionalidad con la que Andrés Manuel López Obrador maneja la hacienda pública y permitirle que pueda disponer libremente (a programas clientelares, por ejemplo) del dinero que sustraerá del rubro de servicios personales.

Esta disposición es indudablemente un retroceso porque le da a López Obrador una potestad absoluta y casi monárquica de exprimir los ingresos de quienes están a su cargo (¿alguien se atrevería a objetarlo?) y gastarlos en lo que le dé la gana (actualmente solo puede dirigirlo a programas prioritarios), siempre que los recursos sean ejercidos por la entidad que haya propiciado los ahorros.

Si el presidente puede decidir libremente y sin ningún contrapeso, el destino de las economías que impone a sus subordinados y a su aparato administrativo, de facto se están restituyendo las partidas secretas de libre disposición presidencial aunque se llamen de otra manera.

Ello sin considerar que en este gobierno federal, 3 de cada 4 contratos de obras o servicios se asignan de forma directa y sin licitarse, lo que favorece la discrecionalidad, la ineficacia en el uso de recursos y la subsistencia de prácticas de corrupción que solo se combaten en el discurso.

Pero el mayor problema de una legislación como la que acaba de aprobar la Cámara de Diputados es que en teoría una Ley de Austeridad debería servir para hacer más eficiente la administración pública, darles más eficacia a las acciones gubernamentales y tener una democracia de mayor calidad.

El quid no son los centavos que México puede ahorrar con la imposición de medidas populares, pero de poco impacto en la administración pública (prohibir el gasto en telefonía celular o la utilización de choferes), sino los cientos de millones de pesos que todos los días perdemos como consecuencia de las catastróficas decisiones públicas que toma el presidente como la cancelación del nuevo aeropuerto, cuya deuda se calcula en 4.200 millones de dólares para una infraestructura que no se construirá y será asumida por los pasajeros a través de la tarifa e impuestos.

El problema es que la demagogia mesiánica sale más cara que la frivolidad de jet set.

Al principio del gobierno del presidente López Obrador (que este 1 de mayo cumple 5 meses), se informó que en sus primeros 15 vuelos en avión comercial, gastó 178 mil pesos y se contrastó la cifra con los 245 mil pesos que erogó el presidente Peña Nieto en su primer viaje que incluyó a miembros del Estado Mayor Presidencial y se realizó en el avión presidencial. La comparación parecería ser la panacea de la austeridad, pero lamentablemente no es así.

Para que el análisis esté completo se necesita considerar que el gobierno de México destinará solo en 2017 un total de 419 millones de pesos como pago de la anualidad del avión presidencial, además de 45 millones de pesos por mantenimiento y 14 millones más por lo que cuesta el alojamiento para tenerlo arrumbado en un hangar en California, Estados Unidos. Es decir, a los “pobrecitos” viajes comerciales de López Obrador, habría que sumar 478 millones de pesos anuales que se consumen en el avión presidencial, independientemente de si el presidente decide usarlo o no.

Se dirá que por eso la solución es venderlo, solo que eso cada día se ve más improbable y en el mejor escenario, si eso ocurre, nuestro país perdería en la transacción aproximadamente 137 millones de doláres.

¿Austeridad? No. Demagogia demencial con altísimos costos para México.

Si a lo anterior sumamos la decisión irracional de canalizar recursos estratosféricos a proyectos oscuros, caros y carentes de sostenibilidad técnica, ecológica o legal, como la compra de pipas inutilizables para “combatir el huachicoleo”, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya o la ampliación de la base aérea de Santa Lucía, estamos en serios aprietos y con seguridad sobrevendrá una crisis económica, porque no habrá medidas de austeridad administrativa que sirvan para fondear las locuras del emperador.