Antes de opinar sobre la aprobación de cualquier ley es necesario tomar en cuenta la complejidad del trabajo legislativo. Las decisiones que toman o dejan de tomar los diputados y senadores —al igual que los gobernantes— tienen repercusiones que afectan a todos los ciudadanos. El grado de responsabilidad difícilmente se compara con el de algún otro trabajo.

Por eso resulta simplista o falto de seriedad rechazar rotundamente el uso de las fuerzas armadas para combatir al crimen organizado sin proponer otra alternativa de solución a los problemas coyunturales o de corto plazo.

Claro está que el acceso a la educación, la creación de oportunidades de empleo y la disminución de la desigualdad económica son fundamentales para resolver a largo plazo el problema de la inseguridad y la violencia. Pero los gobiernos también requieren herramientas para combatir las amenazas a la seguridad que se ciernen sobre los ciudadanos en el aquí y el ahora.

Esas herramientas son las que Morena y sus aliados buscaban poner en manos del presidente Andrés Manuel López Obrador con la creación de la Guardia Nacional.

Sin embargo considero que la propuesta aprobada por la Cámara de Diputados el pasado miércoles está lejos de ser lo que el presidente y su partido nos prometen.

La semana pasada el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, informó que el presidente accedió a que la Guardia Nacional tuviera un mando civil, en lugar de militar, como se planteó originalmente.

Sin embargo, cuatro días después, el propio AMLO corrigió a Durazo —o se arrepintió— y dijo que la Guardia Nacional tendría dos mandos: uno civil para asuntos administrativos, adscrito a la SSP; y otro militar, para temas operativos, adscrito a la Secretaría de la Defensa. En términos simples, el funcionamiento en campo de la nueva corporación dependerá, sí o sí, de militares.

En realidad el supuesto cambio a un “mando civil” que Morena utiliza como argumento para negar que se pretenda militarizar la seguridad es falaz.

El Doctor Emilio Vizarretea, especialista en temas de seguridad, explicó el pasado martes a Contrapeso Ciudadano que aunque la Guardia Nacional tuviera un mando civil, su estructura, la formación de sus elementos y su organización serán militares: “No habría ninguna diferencia”, aseguró.

La disyuntiva, entonces, no está entre militarizar o no militarizar la seguridad. La cuestión radica en dotar al gobierno de herramientas para atender la crisis de seguridad que se vive hoy en día, pero al mismo tiempo trazar una ruta para fortalecer a las corporaciones civiles, logrando eventualmente el regreso del ejército a los cuarteles.

Claro está que esa ruta no se verá plasmada en una ley o en una reforma, sino en el planteamiento de una estrategia de seguridad.

Lo preocupante es que el diseño institucional de la Guardia Nacional más bien tiende a restar importancia a las corporaciones civiles. Por el contrario, las integra a una corporación operativamente controlada por una Junta de Jefes de Estado Mayor, compuesta por integrantes de las dependencias de los ramos de Seguridad, Defensa Nacional y Marina.