Durante las últimas dos semanas, diversos acontecimientos internacionales sacudieron al Estado mexicano, primero la amenaza interpuesta por el gobierno estadounidense sobre el incremento de los aranceles de una forma gradual en los próximos meses, de no ser controlados los flujos migratorios centroamericanos, luego, dos de las principales calificadoras de riesgos financieros, Moody´s y Fitch H Ratings, evaluaron negativamente, la condición económica de México en lo que va del presente trimestre del año, sobre todo a causa de las graves condiciones financieras de PEMEX y de la factibilidad de la construcción de la Refinería de Dos Bocas, en el estado de Tabasco. Las mismas Instituciones Financieras calificaron como negativo el desempeño de la banca mexicana, en particular BBV-Bancomer, Banorte, Banamex-citigroup, Santander México, pero también el de la banca de desarrollo como BANCOMEXT y NAFIN, aunado a ello, el peso se depreció frente al dólar, ubicándolo casi en la línea de los 20 pesos por unidad.

Pero lo más significativo fue, que durante 5 días los enviados del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, encabezados por el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, tuvieron que esperar desde el viernes antepasado hasta el miércoles de la semana pasada para ser recibidos por el Vicepresidente Michael Richard Pence y por el Secretario de Estado Michael Richard Pompeo, dado que el Presidente Donald Trump estaba de visita en Gran Bretaña, definiendo parte de la agenda global con su principal aliado geopolítico y presionando la voluntad de los representantes mexicanos.  

Si bien, la delegación mexicana fue recibida por la líder de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, a quien solicitaron apoyo para que el gobierno estadounidense evitara actos contrarios al espíritu del libre comercio entre dos socios estratégicos como son México y EEUU, la reunión quedó en lo simbólico, ya que Pelosi es principal adversaria política del Presidente Trump. Se puede considerar que dado el proceso de negociación que se efectuó días posteriores, si hubo una expectativa por parte de los lideres demócratas de que la delegación mexicana presentaría más resistencia a los embates de la administración Trump, los resultados fueron completamente contrarios.

La negociación concluyó en uno de los actos más cuestionados tanto en materia de política exterior, como de seguridad nacional, pues alrededor de 6000 efectivos de la Guardia Nacional tendrán la encomienda de vigilar y controlar el flujo migratorio proveniente de Centroamérica, de igual manera, el gobierno del presidente López, aceptó que los indocumentados que sean rechazados en EEUU serán deportados a México en espera de que sea evaluada su condición de inmigrante en esa nación. México, por lo tanto, deberá garantizar a los inmigrantes condiciones de seguridad y respeto a los Derechos Humanos, principalmente.

Por un lado, el gobierno mexicano se obliga a frenar de manera significativa la migración y por el otro lado, a convertirse en un país de asilo (para no decir en un tercer país). Aunado a lo anterior, se deberán eficientizar las capacidades de inteligencia para la identificación de potenciales miembros de grupos terroristas que busquen internarse a través de la frontera México-EEUU, aprovechando la incapacidad de las autoridades mexicanas en el control de la franja fronteriza.  Pero de igual manera, la situación del país se puede complicar en materia de seguridad interior y pública por el desconocimiento de los antecedentes penales de cientos de migrantes de países con altos índices delictivos como El Salvador, Honduras o Haití, además de los provenientes de Cuba, quienes podrían gestar en territorio nacional, un cartel del crimen organizado atípico, distinto a lo que se conoce hasta el momento, lo que puede agravar las condiciones de inseguridad que vive la sociedad mexicana.

Sin embargo, el contexto aun no termina, pues a principios de la presente semana, el Presidente Trump ha evidenciado que se firmó un acuerdo secreto con los negociadores mexicanos, mismo que fue exhibido en una conferencia de prensa como una nueva forma de presión para que el gobierno mexicano cumpla el acuerdo de mantener bajo resguardo la seguridad de la frontera sur estadounidense, es decir, no se necesitó de la construcción de un muro en la mayor parte de la línea fronteriza, México se puede convertir en una zona de exclusión a partir de las necesidades que marque la seguridad nacional de los EEUU.  Tal situación, se puede ir incrementando cada vez que sea necesaria, pues en próximos meses los partidos demócrata y republicano, habrán de definir a sus candidatos por la presidencia de EEUU. Con este triunfo político, Donald Trump tiene prácticamente amarrada la candidatura de su partido y presionará de ser necesario, para garantizar la integridad territorial de los EEUU desde México, manipulando indirectamente las acciones del gobierno mexicano, máxime si éste no actúa conforme a o previsto.

La complejidad del momento que atraviesa México está evidenciando la incapacidad de salvaguardar debidamente, tanto la soberanía nacional como los intereses nacionales, que promuevan el proyecto de nación, uno que se estableció no el 1 de diciembre de 2018, sino en septiembre de 1810, ser una nación libre, fuerte y orgullosa de su destino, pero lo que hoy se ve como más real, es que la espada de Damocles o a caso la espada de Trump se cierne sobre la soberanía mexicana.