Andrés Manuel López Obrador no ha sido un presidente que reivindique ni en las palabras, ni en las obras, la Constitución y el Estado de Derecho.

Por el contrario, ha sido un presidente autócrata que ha tomado las principales decisiones bajo la premisa de dos argumentos falaces: que los votos que recibió en la elección le exentan de la necesidad de justificar o responder por lo que hace; y que una autoproclamada superioridad moral que lo pone por encima de sus críticos lo exime del escrutinio público por lo que dice.

En esa lógica, el presidente populista ha elegido la falsificación de los mecanismos de democracia directa y ha sometido (ilegalmente) a consulta dos asuntos: la cancelación del nuevo aeropuerto y la ratificación de las prioridades nacionales que ya eran 10 proyectos decididos con antelación por el titular del Poder Ejecutivo.

La farsa de esta “democracia plebiscitaria”, mejor llamada demagogia, ha hecho que López Obrador haya declarado abiertamente que someterá a “consulta” la posibilidad de enjuiciar a los “ex presidentes” que serían llevados a juicio “por impulsar las políticas neoliberales que causaron el empobrecimiento de millones de mexicanos y la crisis de inseguridad y de violencia”. Sí: demencial.

Paradójicamente, esta adicción por las consultas a modo del presidente, contrasta con el desprecio que él y su gobierno tienen por las consultas a las que sí los obliga la Constitución y las leyes.

El día último de febrero, vence el plazo que establece el artículo 21 de la Ley de Planeación, para que “el presidente de la república envíe el Plan Nacional de Desarrollo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su aprobación”. Aprobación que es una atribución constitucional consagrada en el artículo 74 y que deberá ocurrir “dentro del plazo de dos meses contados a partir de su recepción”.  

Llama poderosamente la atención que ante un plazo inminente, el proceso de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, el cual debe ser, según el artículo 26 de la Constitución, el resultado de la puesta en marcha de “procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo”, no haya ocurrido todavía; haya sido llevado a cabo con un sigilo que nadie se enteró; o más grave aún, que se pretenda hacer pasar las consultas a modo como el mecanismo que dispone la Carta Magna. Los tres supuestos serían notoriamente inconstitucionales.

Pero hay algo todavía más grave.

Estarán de acuerdo conmigo que la obra pública emblemática del gobierno de López Obrador es el famoso Tren Maya y conste que digo emblemática porque su opacidad, improvisación, anacronismo y falta de planeación, caracterizan el “estilo personal” de gobernar del presidente.

Pues bien, esa obra se construirá casi en su totalidad sobre territorios en los que se asientan pueblos y comunidades indígenas del sureste mexicano, los cuales, según la fracción novena del apartado B del artículo 2 de la Constitución Mexicana, deben ser consultados en “la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios”. Es decir, la consulta a los pueblos y comunidades indígenas es inescapable y, además, debe satisfacer criterios y regulaciones no solo constitucionales, sino internacionales como Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

¿Alcanzará, si es que tiene voluntad de cumplir, López Obrador con las obligaciones que le impone la Constitución en materia de planeación democrática tanto para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo como las consultas a pueblos y comunidades indígenas? ¿O elegirá nuevamente ir al escenario de la imposición autoritaria, la polarización inducida y la persecución de quienes se le resistan?

Se acabó el tiempo. López Obrador debe hacer la consulta que le da tanto miedo.

 

Twitter: @OSWALDORIOS