A la idea original de Guardia Nacional del Presidente López Obrador que plateaba un mando mixto entre lo militar y lo civil, dos tipos de fuero para los integrantes civiles y militares ante la justicia, avalar la presencia militar y naval en tanto se crea la Guardia Nacional, a eso y más se han opuesto casi todos los especialistas en seguridad, organizaciones civiles dedicadas a esta tarea y la oposición política en el Senado de la República, lo que conlleva un cambio sustantivo si es que se quiere alcanzar la mayoría calificada que se requiere para una reforma a la Constitución.

La transformación de lo que hoy es la Guardia Nacional, que ya está en la Constitución, a una policía nacional, implica cambios sustantivos entre una tarea de orden militar a una de corte civil, con las limitaciones que tal cambio implica para los efectivos provenientes del ejército y la marina. Las dos policías que pasarán a formar parte de la Guardia Nacional, la Policía Militar y la Naval, tienen preparación para mantener el orden interno en las instalaciones tanto en el Ejército como en la Armada, ambas pueden coadyuvar a la ciudadanía en momentos de desastres naturales y cuando la autoridad civil lo solicita y tienen la aprobación del Presidente de la República.

En el sexenio anterior, el despliegue de militares en el país incluía a efectivos provenientes de la Policía Militar, de modo que no estamos ante la propuesta de una estrategia y táctica del todo original. En el año 2015, mil efectivos de la Policía Militar fueron desplegados en Michoacán; en 2016 se movilizaron 2,124 policías militares en los estados de Durango, Nuevo León, Tamaulipas y de nuevo Michoacán. Para 2017 se movilizaron 4 mil efectivos, 88% por ciento más que el año anterior, incorporando su presencia a los estados de Puebla, Veracruz y Sinaloa, manteniéndose en Durango, Nuevo León y Michoacán, ya Tamaulipas no tuvo presencia de efectivos de la Policía Militar.

Para el debate público y legislativo, no tiene caso negar lo obvio: trasladar administrativamente a las policías del Ejército y Naval a la Guardia Nacional hace que esta institución sea, principalmente, militar. La Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en sus artículos 103 y109, señala que los Cuerpos Especiales se componen, entre otros, del Cuerpo de Policía Militar y “tiene a su cargo coadyuvar a la conservación del orden y a la vigilancia del cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones militares de carácter disciplinario …” Además, el artículo 150 fracción I del Reglamento General de Deberes Navales, contempla como servicio de armas el de Policía Naval, el cual puede desempeñarse dentro y fuera de las unidades y establecimientos navales. ¿Para qué mentir diciendo que la Guardia Nacional no implica la presencia militar en todo el país?

El colectivo #Seguridadsinguerra, que agrupa a más 300 organizaciones civiles, coincide con la oposición política en el Senado, en señalar que la Guardia Nacional debería ser una institución con mando exclusivamente civil, eliminar toda injerencia del mando castrense y dejar únicamente el fuero civil para conocer de los delitos cometidos por sus integrantes. Un tema que flota en el aire, indefinido aún, es un plan de retiro definitivo de las fuerzas armadas del Ejército y la Armada de México de tareas coadyuvantes en materia de seguridad pública. Parece claro que no podrán retirarse a sus cuarteles al momento de aprobarse la nueva Guardia Nacional, ya que se requiere un periodo de transición, sin embargo, preocupa que al final, por necesidad, se considere dejar al Ejército, Armada y Guardia Nacional al frente de la seguridad del país. ¿Acaso eso no sería militarizar al país?

Juan Zepeda Hernández, Senador de la República