Nadie en su sano juicio podría oponerse a los intentos por frenar el robo de combustible en los ductos y refinerías propiedad de Petróleos Mexicanos.

Nadie podría desestimar la presencia de elementos de la Marina y Defensa Nacional en dichas refinerías y en algunos centros de control y distribución de combustible.

Y nadie podría oponerse a la investigación y procesamiento de funcionarios públicos involucrados y beneficiados por las tomas ilegales en las tuberías de la petrolera mexicana.

Lo que se debe evaluar y cuestionar es la propuesta del gobierno federal para contener el huachicol. Es decir, toca analizar y entender los efectos colaterales de modificar la forma en que los combustibles van de las refinerías a los centros de servicio mejor conocidos como gasolineras.

En el contexto actual, Pemex Logística –una de las Empresas Productivas Subsidiarias de Petróleos Mexicanos– es responsable de operar los gasoductos que transportan el combustible.

El costo de mover el combustible –que incluyen la operación y mantenimiento de los ductos–, es uno de los muchos componentes del precio de la gasolina.

Y hasta hace unas semanas, Pemex disfrutaba de una enorme ventaja competitiva al poseer los ductos y transportar grandes cantidades de combustible en poco tiempo y a precios bajos.

Sin embargo, las tomas ilegales en los kilómetros de ductos –al igual que los esquemas de corrupción que operan dentro de las refinerías de Pemex–, han incrementado los costos de transporte al grado de tener a Pemex Logística en números rojos y de alimentar una de las industrias más redituables del país: el huachicol.

Ante esta situación, el gobierno federal tomó la decisión de reducir la presión en los ductos de Pemex y transportar el combustible en pipas.

Y dicen las autoridades que este cambio de estrategia –aunado al incremento en la demanda de gasolina por las fiestas decembrinas y a las compras de pánico–, habrían resultado en un alarmante desabasto de combustible en diversos estados incluyendo las zonas metropolitanas de Guadalajara y Toluca.

Si lo anterior es cierto, valdría la pena preguntar, ¿por qué la zona metropolitana de Toluca registró un desabasto similar –por aproximadamente tres días–, en las primeras fechas de diciembre del año pasado? Es decir, que existió desabasto de gasolina mucho antes que la nueva administración echara a andar su estrategia contra el huachicol.

Más, algunos han dicho que el desabasto también obedece a las tomas ilegales en los ductos de Pemex. Ante esta hipótesis habría que preguntar, ¿por qué si el robo de combustible es un fenómeno observado desde hace –al menos– 12 años, no se registró un desabasto de esta magnitud en los gobiernos de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto?

Pareciera que además de las explicaciones que ofrece la autoridad existirían otros elementos que tienen a cientos de miles de mexicanos en filas eternas para comprar unos litros de gasolina.

Por donde se mire, resulta sintomático que la incidencia del desabasto incrementó con el cambio de gobierno. Lo anterior obliga a preguntar, ¿existe algún factor político que empuja el desabasto de gasolinas? ¿será que existe mano negra detrás de las largas filas en las gasolineras? ¿la incertidumbre en la dirigencia sindical de Pemex tiene alguna relación con el fenómeno? ¿quién se beneficiaría con una crisis como ésta?

Al día de hoy no existen elementos suficientes para responder a estas preguntas. No obstante, vale la pena echar mano de las evidencias para notar que parece existir algo más que una estrategia de seguridad deficiente –o un incremento en el robo de combustibles–, detrás del desabasto que ahorca a dos de las principales zonas metropolitanas de México.

Una hipótesis que salta a la vista tiene que ver con la solución propuesta por el gobierno federal. Es decir, con dejar de transportar la gasolina en ductos y hacerlo en pipas y contenedores.

En primer lugar, es de llamar la atención que las autoridades apostaran por un método más costoso y menos eficiente para transportar el combustible. A todas luces, el uso de pipas es más costoso que la operación de la red existente de gasoductos propiedad de Pemex.

Pero hay más, es indispensable preguntar de quién son las pipas que moverán el combustible en todo el país. ¿Acaso Petróleos Mexicanos cuenta con suficientes contenedores y pipas para mover los millones de litros de combustible que se consumen en México diariamente?

Según expertos, Pemex no posee el número necesario de pipas –ni de choferes– para satisfacer la demanda de gasolinas en todo el país. En consecuencia, la petrolera se vería obligada a contratar los servicios de empresas transportistas con la maquinaria necesaria para mover el combustible.

Y entonces, la pregunta sería, ¿qué empresa –o empresas– se beneficiarían con los contratos millonarios para operar el nuevo método de transporte de gasolina? Más importante, ¿cuánto costará a Pemex mantener las pipas, los choferes y los ductos existentes? ¿de dónde saldrá ese dinero? ¿quién lo pagará? ¿será, acaso, que vendrán más incrementos en los precios de gasolina? ¿estamos, entonces, frente a una nueva decisión equivocada que incrementará la sangría de recursos petroleros? ¿seguirá el gobierno federal drenando a Pemex para implementar una estrategia deficiente y para hinchar los bolsillos de los dueños de las pipas?

Quizá lo más grave de todo esto es que al transportar el combustible por vía terrestre Pemex apuesta por una estrategia en la que carece de experiencia y en la que es poco competitiva. Es decir, que otras compañías ofrecerían el mismo servicio de transporte a costos más bajos que los de Petróleos Mexicanos. En otras palabras, la estrategia de combate al huachicol podría sacar de la jugada a Pemex Logística, la empresa subsidiaria responsable de transportar la gasolina.

Por donde se mire, son más las preguntas que las respuestas en el cambio apresurado en el método para transportar combustible. Es así que no está de más insistir, ¿quién se beneficiará con esta aparente solución que parece ser más costosa que el problema que intenta resolver? Más importante, ¿quién cargará con la responsabilidad de lesionar la rentabilidad de Pemex Logística, de dejar a cientos de miles sin combustible y de, probablemente, poner una fortuna –de dinero público– en manos de empresas transportistas?