Una de las tantas promesas fallidas de campaña de Obrador era la de eliminar el nepotismo. El ahora presidente de México siempre se pronunció contra estas acciones en las administraciones pasadas. No obstante, ahora que AMLO está en el poder, el nepotismo y el tráfico de influencias, persisten.

Para poder comprobarlo, es necesario revisar la relación que el mandatario mexicano ha tenido con el ingeniero y contratista brasileño José María Riobóo y su esposa, la magistrada Yasmín Esquivel Mossa. 

Actualmente, el nombre de la abogada se ha visto envuelto en otra polémica (una vez más) ya que AMLO la propuso como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

Ante la lluvia de críticas que hubo al respecto, Esquivel se defendió argumentando que si había sido propuesta por el mandatario, había sido por méritos propios y no por ser la esposa de quien muchos consideran el «contratista favorito del presidente».

No obstante, el historial de polémicas en las que se han visto envueltos tanto el contratista como la magistrada es largo.

Se les acusa de haber usado sus influencias para mandar a prisión a Antonio Urbina y Coral Rojas; padres de familia de origen venezolano ¿La razón?  Una demanda al colegio Westhill (propiedad de José Maria Riobóo) por daño moral y psicológico.

La demanda fue interpuesta por una serie de irregularidades que iban desde el pago de colegiaturas (15,000 pesos mensuales) por una inscripción que nunca fue realizada de manera formal; pasando por las boletas apócrifas hasta llegar a las amenazas de muerte.

Acto seguido: hay una detención sin orden de aprehensión. Se les imputa el delito de «fraude procesal» y se les encarcela a las seis horas de ser detenidos ¿La fianza interpuesta? 30 millones de pesos.

Las amenazas no solamente fueron en contra los imputados, sino también contra los abogados que decidieron representarlos en el caso. El primer abogado que decidió tomar el caso lo dejó pronto; argumentó que fue perseguido y amenazado de muerte.

De la misma manera, ocurrió lo mismo con el segundo abogado que había tomado el caso: Germán Cruz. El litigante mencionó que fue amedrentado por dos desconocidos en un restaurante de la Condesa. El matrimonio Riobóo-Esquivel forma parte del consejo administrativo del colegio Westhill; Riobóo como presidente y Esquivel como miembro de dicho consejo.

Otra acusación que tiene escenario en este colegio, es la apropiación de más de 4 mil metros de terreno de la sección Apalaches 525 del bosque de Chapultepec. Otra de las partes de este predio pertenece a la familia Servitje en copropiedad con la inmobiliaria Trepi.

Con la conversión de este terreno público a privado, el colegio Westhill estrenó canchas de basquetbol, fútbol y un par de edificaciones nuevas de dos pisos. Para lograr que los alumnos de este prestigiado colegio estrenaran estas nuevas instalaciones fue necesario que arrasaran a diestra y siniestra con todos los árboles de la zona.

Cuando tuvo lugar este incidente, Yasmín estaba ocupando el cargo de presidenta del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo. Durante la administración de Miguel Ángel Mancera, el gobernador fue criticado tras la ratificación de ésta como presidenta del tribunal.

Hubo protestas en su contra; se buscaba que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) le negara la ratificación. Consideraban que era un agravio directo a la ciudadanía por el inminente conflicto de interés que presentaba que fuera esposa de un contratista que ha tenido grandes obras en la CDMX-

¿Cuál creen que fue el argumento? Exacto, el conflicto de intereses; y es que este dúo dinámico se hizo de un par de obras notables de dudosa legalidad. Una de ellas fueron los parquímetros de Coyoacán ¿Qué fue lo que pasó? Hizo caso omiso a las constantes demandas que hicieron los vecinos en contra ¿Qué fue lo que hizo? Se las otorgó a un solo magistrado, mismo que se encargó de echarlas para abajo.

El trabajo en equipo de Riobóo – Esquivel consiste en que la magistrada siempre ha sabido manipular la ley para dejarle el camino sin problema alguno a su esposo. Una de las situaciones más controversiales en los que se han visto envueltos este matrimonio es en la construcción de la Supervía Poniente.

Una denuncia fue interpuesta tanto por vecinos de la zona y organizaciones no gubernamentales como Greenpeace México y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, argumentando que la construcción era ilegal ya que no había existido ninguna consulta ciudadana de por medio. Además, el impacto ambiental era negativo.

La demanda había resuelto a su favor por lo que debería de haberse detenido la construcción.

Sin embargo la Secretaría del Medio Ambiente y las empresas involucradas apelaron a esta decisión. El juicio se comenzó a alargar por alguna extraña razón; el expediente estuvo «detenido». La magistrada Victoria Quiroz Pesquera de la Sala Superior revocó la sentencia anterior, dándole continuidad a la construcción de esta obra al resolver a favor de las constructoras.

Es más que evidente que nos encontramos ante un conflicto de intereses. Ya veremos como es que sigue la carrera política de la esposa del contratista favorito del presidente.

Con este tipo de hechos, la cuarta transformación nos confirma que las acciones de algunos de sus actores no le piden nada a los escándalos de conflicto de intereses de las administraciones pasadas. Escándalos que Obrador condenaba enérgicamente y no dudaba en recordarlos cada que tenía oportunidad.

¿Ahora… AMLO cómo justificará su propuesta? ¿Quedará totalmente absuelta de su obscuro pasado gracias a la bendición del presidente?  O bien… sera que en algún momento se deseche su nombre. No lo creo. Ya veremos…

Desgraciadamente, a pesar de su discurso aseguraba que acabaría con la corrupción, López Obrador aún no dimensiona que la corrupción es una hidra que hasta el día de hoy, por más que sea decapitada, sus cabezas se regeneran sin cesar. Y más si en su partido, a pesar de que predican «honestidad-austeridad» solo hay «irregularidad e ilegalidad».