Derivado de la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014, se realizaron modificaciones a la planeación democrática del desarrollo del país, en tal sentido, el decreto por el que se reforma la Ley de Planeación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de febrero de 2018, establece, por primera vez, que el titular del Poder Ejecutivo remita el Plan Nacional de Desarrollo (PND) a la Cámara de Diputados para su aprobación.

Lo anterior se cumplió el pasado martes 30 de abril y de acuerdo con el artículo segundo transitorio del citado decreto, se tienen dos meses para que se analice, discuta y eventualmente se apruebe el PND en la Cámara de Diputados. Antes de la reforma, la Cámara sólo recibía el Plan, pero no lo aprobaba, ahora se someterá a un proceso deliberativo público, lo que de suyo constituye un avance democrático.

El PND entregado por la Presidencia tiene una característica evidente: contiene dos partes, una ideológica y otra formulada de forma tradicional con elementos específicos para futura evaluaciones. La primera parte, quizá pensada como una introducción a la segunda, contiene la visión del nuevo gobierno de lo que le ocurrió a México en los 36 años previos. Caracteriza el llamado periodo neoliberal para establecer cómo las políticas impulsadas en este periodo arrastraron al país a la mayor desigualdad social y generó conductas marcadas por la corrupción y la impunidad; de ahí que la derrota política del neoliberalismo se sintetice en el apoyo al precepto “No mentir, no robar, no traicionar”.

El mismo gobierno federal define al PND entregado el martes pasado como “histórico porque marcará el fin de los planes neoliberales y debe distanciarse de ellos de manera clara y tajante; esto implica, en primer lugar, la restitución de los vínculos entre las palabras y sus significados y el deslinde con respecto al lenguaje oscuro y tecnocrático que, lejos de comunicar los propósitos gubernamentales, los escondía.” De ahí que, efectivamente, el lenguaje usado en esa primera sea similar al usado reiteradamente por el titular de la Presidencia y diste, incluso, de la segunda parte del documento que está redactada al típico estilo de la Secretaría de Hacienda.

El epílogo de esta primera parte del PND es una suerte de esbozos de buenos deseos y objetivos a alcanzar para el final del sexenio. Ahí se expresa, por ejemplo, que para el último año de gobierno “la delincuencia organizada estará reducida y en retirada”, que “La delincuencia de cuello blanco habrá desaparecido y la corrupción política y la impunidad … habrán quedado reducidas a casos excepcionales, individuales e inmediatamente investigados y sancionados.” No se critica el nuevo estilo, lo que ocurre es que a estos objetivos genéricos no le antecede una propuesta clara y detallada de cómo alcanzarlos.

La segunda parte del PND está confeccionado de una manera más tradicional, pensando en dar cumplimiento progresivo a lo indicado en el artículo 6° de la Ley de Planeación en el sentido de que, a partir de este documento, la Cuenta Pública Federal debe relacionarse con el avance de los objetivos y prioridades contenidos en el PND y los programas sectoriales. De tal suerte, en esta segunda parte sí se establecen principios rectores, se definen los ejes transversales y generales de la acción del gobierno federal, los programas derivados del PND e incluso los programas vinculados con los Objetivos del Desarrollo Sostenible establecidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Como en todo plan, el cómo alcanzar esa nueva realidad es lo que deberán analizar los legisladores, no sólo en este momento de su aprobación, sino cada año, cuando el Presidente realice su informe de gobierno y, en teoría, se refiera a los avances obtenidos en cada uno de los ejes, objetivos y programas sectoriales incluidos en el PND.

Senador Juan Zepeda Hernández