La violencia en el país se recrudece semana a semana. Sin distingo partidista, municipios, ciudades y, en general, el país experimenta una espiral de actos violentos que muchas veces concluyen en homicidios y otras tantas en un largo historial de personas heridas, lesionadas y afectadas por venganzas, ajusticiamientos y ataques directos que son parte de una narrativa que coloca a México como un país inseguro.

El nuevo gobierno se ha propuesto crear una fuerza policial nacional que haga frente al crimen organizado y para ello ha echado mano de las instituciones más prestigiadas del Estado: el ejército y la marina. Junto a ellas, la policía federal y un proceso de reclutamiento en el mediano plazo darán forma a la Guardia Nacional que fue creada mediante decreto el 26 de marzo pasado. Esta es, quizá, la política pública más importante que definirá si el gobierno de la 4T da resultados efectivos o no.

Para que la Guardia Nacional funcione a plenitud se requiere la aprobación de las leyes secundarias de la reforma constitucional: Ley de la Guardia Nacional, Ley Nacional del Registro de Detenciones, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Para ello se ha convocado a un periodo extraordinario que ya está en marcha y se prevé su discusión esta semana. Si para la creación de la Guardia Nacional se contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas, es deseable que para definir el marco legal en el que se desempeñará, también se alcance un acuerdo mayoritario o unánime.

La controversia sobre la connotación predominantemente castrense de la Guardia Nacional persiste, más aún cuando se anunció que será un militar en activo quien la dirija, por lo que ahora que se discute la composición interna de la Guardia Nacional, su alcance en cuanto a investigaciones, inteligencia preventiva y uso de la fuerza, así como los procedimientos para garantizar que las detenciones que realice ocurran apegados a estándares y protocolos que garanticen tanto la efectividad y plena legalidad, como el respeto a los derechos humanos de los detenidos.

La historia del México moderno, desde la mitad del siglo pasado y lo que va del presente, está plagada de desconfianza a las instituciones policiales y encargadas del orden público, décadas de registro de abusos, violación a los derechos, uso indiscriminado de la fuerza pública, desapariciones forzadas y masacres como la de Acteal, San Fernando e Iguala, han formado una dura capa de desprestigio del papel de la autoridad y el Estado que, en muchas ocasiones, se ha documentado su colaboración en franco contubernio o en omisión dolosa.

El Presidente tiene el enorme reto de dar resultados concretos en el combate a la delincuencia y la reducción de la violencia. Es inevitable que la sociedad atribuya la actual situación a una especie de herencia de la problemática de la violencia de gobiernos anteriores, cierto, pero conforme avancen los meses y la apuesta por el nuevo modelo de policía nacional vaya teniendo actuaciones precisas y su despliegue territorial sea notorio, será entonces cuando la responsabilidad dejará de estar en el pasado y se irá evaluando la capacidad y efectividad de la Guardia Nacional.

Senador Juan Zepeda Hernández