La titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó este lunes que la institución a su cargo inició una investigación en contra del presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, quien presuntamente habría incurrido en un conflicto de interés al otorgar un permiso para transportar gas natural a la empresa Fermaca en la que tiene participación el primo de su esposa, Santiago García Castellanos.

Esta investigación se abre menos de una semana después de que García Alcocer criticara las propuestas que AMLO envió al Senado para ocupar vacantes en la CRE, por lo que el proceso en contra del funcionario tiene un fuerte tufo a represalia y persecución política.

Hay que recordar que el pasado jueves, García Alcocer respondió a las críticas de López Obrador contra la Comisión asegurando que el presidente estaba siendo mal informado.

Un día después, AMLO se refirió a las declaraciones de García Alcocer y aseguró que daría a conocer información sobre un supuesto conflicto de interés del funcionario.

Al respecto, García Alcocer aseguró que no tiene nada que ocultar y se mostró dispuesto a aclarar el caso. Además, lamentó el uso político de las instituciones en contra suya.

Y razón no le falta: ¿Por qué la investigación contra el titular de la CRE se da justo después de sus críticas contra AMLO? ¿Por qué no se investiga, por ejemplo, a Romero Deschamps, el líder del sindicato petrolero con probados antecedentes de corrupción, pero que ya se subió al barco de la “cuarta transformación”?

Está claro que la Secretaría de la Función Pública deberá demostrar si García Alcocer incurrió o no en conflicto de intereses, y de ser así, tendrá que sancionarlo. Pero más allá de eso, el uso político de las instituciones contra un personaje y un organismo autónomo incómodos para este gobierno y sus planes en materia energética, es bastante claro.

El más reciente caso de uso político de las instituciones en contra de un personaje incómodo para el gobierno se dio a finales del sexenio pasado, cuando en el marco de las campañas electorales la Procuraduría General de la República abrió una investigación contra el entonces candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya.

Para nadie fueron un secreto las “canalladas” de Anaya durante su carrera hacia la candidatura presidencial. Utilizó la presidencia del PAN como plataforma para aplastar –y hasta provocar la salida– de sus competidores.

Sin embargo, la PGR de Peña Nieto nunca logró probar sus acusaciones por lavado de dinero en contra de Anaya; acusaciones que, convenientemente, llegaron en momentos coyunturales de la campaña. Hoy el caso está enterrado.

De modo que así como Peña y el PRI utilizaron a la PGR para frenar al candidato más contestatario de aquella campaña –Anaya fue más crítico de EPN que el propio AMLO, y hasta amenazó con meterlo a la cárcel en caso de triunfar–, ahora López Obrador y Morena arremeten contra García Alcocer y contra la autonomía de la CRE, que les estorba para el plan de centralizar las decisiones en materia energética.

El uso político de las instituciones es el mismo. Pero en el caso de AMLO hay un mensaje adicional: que se dejará caer todo el peso del Estado en contra de quien obstaculice la llamada “cuarta transformación”.

Sólo resta ver si el gobierno obradorista logra probar sus acusaciones en contra de García Alcocer, o si todo queda en un escándalo mediático como en el caso de Anaya.