Las siguientes líneas las escribe alguien que se identifica con reivindicaciones de izquierda, y que por ende se pronuncia a favor de la progresividad de los derechos humanos, así como de la libre manifestación de ideas.

El pasado fin de semana el gobierno cubano reprimió una manifestación pacífica realizada por alrededor 300 integrantes de la comunidad LGBTTTI. El argumento fue que la marcha –de carácter “no oficial”– no había sido autorizada.

Resulta que en Cuba la única institución autorizada para organizar marchas relacionadas con la comunidad gay es el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), encabezado por Mariela Castro, hija del expresidente Raúl Castro.

Cada año, el CENESEX convoca a la llamada “Conga Contra la Homofobia y la Transfobia”, una marcha oficialista con tintes corporativos, críticada por algunos activistas debido al formato impuesto; más similar a un carnaval que a una manifestación para demandar derechos civiles.

Sin embargo, este año el gobierno cubano decidió prohibir la marcha apelando a la crisis económica que azota a la isla.

Molestos porque pese al discurso de austeridad el gobierno realizó gastos onerosos en la celebración del Día del Trabajo, miembros de la comunidad LGBTTTI decidieron realizar la primera marcha gay no autorizada por el régimen en la historia de Cuba.

Ante ello, el régimen reaccionó interceptando la marcha y obligando a los manifestantes a dispersarse. Al menos cuatro personas fueron detenidas, y los manifestantes denunciaron pasividad de la policía ante agresiones homófobas perpetradas por civiles.

El pretexto para la represión fue que la marcha “no autorizada” estaba siendo “utilizada por fuerzas extranjeras para su propia agenda”, según aseguró Mariela Castro. Posteriormente, CENESEX emitió un comunicado argumentando que la movilización tenía fines “desestabilizadores” y “contrarrevolucionarios”, siendo liderada por “elementos subversivos”.

Estos hechos deben obligar a la izquierda latinoamericana a replantearse si en pleno Siglo XXI es posible construir gobiernos, opciones electorales o movimientos progresistas con anclaje en referentes del siglo pasado, como la Revolución Cubana.

La historia está para aprender de ella, no para idealizarla. Ello implica, por ejemplo, ciuestionarse si un régimen donde las y los ciudadanos no pueden manifestarse en las calles sin consentimiento del gobierno puede considerarse como un modelo a seguir.

Asimismo, en el caso mexicano, la izquierda debe “desacralizar” a sus referentes y asumir una posición crítica hacia los mismos, sobre todo hoy, cuando quien gobierna es –supuestamente– un representante de esa corriente política.

Entendamos que ningún gobierno o partido monopoliza las posturas progresistas, y que se pueden construir opciones de izquierda desde la organización social y la participación por fuera del marco institucional.