Desde el pasado 20 de diciembre el presidente, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que el nuevo aeropuerto civil en Santa Lucía sería construido por el Ejército —dejando de lado, en un primer momento, a las empresas que ya participaban en la edificación del extinto proyecto de Texcoco— pues desde su perspectiva era una institución “confiable y con la capacidad para llevarlo a cabo”.

Este domingo 10 de febrero, en el marco del día de la Fuerza Aérea Mexicana, el político tabasqueño dio a conocer que sería la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la que administraría y recibirá los beneficios económicos del nombrado “Aeropuerto Felipe Ángeles”, esto, con la intención de “fortalecer sus finanzas”.

Aunque AMLO se deshaga en halagos hacia las fuerzas armadas de nuestro país —y ahora los “premie” con los futuros dividendos que pueda generar el aeropuerto de Santa Lucía—, en los últimos años se han visto involucrados en diversos casos de corrupción, que no está de más recordar.

  • Compra de armas ilegales en Alemania

En mayo de 2018 el general en retiro y ex subsecretario de la Defensa, Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, fue señalado por la justicia alemana, después de que se dio a conocer que presuntamente recibió sobornos por parte de la empresa Hackler & Koch (H&K), para facilitar la compra de fusiles de y armas cortas cuando era el titular de Dirección de la Comercialización de Armamentos y Municiones (DCAM) de la Sedena.

De acuerdo con los reportes, entre 2006 y 2009, Guillermo Aguilar recibió 25 dólares por cada fusil de asalto y 20 por cada arma corta que adquirió la Sedena. En total, según la Fiscalía alemana, en dicho lapso las fuerzas castrenses compraron 4 mil 500 fusiles que equivalieron a más de 4 millones de euros.  

  • Red de corrupción de militares

En el año 2012 tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como la Sedena investigaron a seis militares por presuntos nexos con el cártel de los Beltrán Leyva, entre los que destacó el ex subsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauaharé.

Dichas indagatorias se llevaron a cabo, porque en el año 2007 los militares en cuestión, facilitaron las operaciones de la organización criminal, para tráficar cocaína en tres aeropuertos del país.

  • Corrupción en educación militar

A principios de 2018 salió a la luz una polémica que involucró al general de brigada, Ángel Pior Valencia —en su momento, director general de Educación Militar y rector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea (UDEFA)—, ya que pidio 400 mil pesos a una joven para que pudiera ingresar al área de Oftalmología en el Hospital Central Militar, sin la necesidad de hacer los trámites correspondientes.

En mayo de 2018 el general en retiro y ex subsecretario de la Defensa, Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, fue señalado por la justicia alemana, después de que se dio a conocer que presuntamente recibió sobornos por parte de la empresa Hackler y Koch (H&K), para facilitar la compra de fusiles de y armas cortas cuando era el titular de Dirección de la Comercialización de Armamentos y Municiones (DCAM) de la Sedena.

El nombre de la involucrada es Mariana, entre los meses de noviembre y diciembre de 2015 su familia decidió pagarle la cantidad antes mencionada a Pior Valencia, para que ella fuera admitida a la especialidad; sin embargo, el alto mando castrense nunca la “ayudó” y tampoco le devolvió el dinero, como les había prometido.

Al final, Mariana, tuvo que comunicarle lo sucedido a el entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

  • Irregularidades administrativas de la Sedena

Durante el año 2013 diferentes proveedores de bienes y servicios de de la Sedena se inconformaron por la irregularidades que se presentaron durante las licitaciones, que en ese tiempo estuvieron a cargo del general brigadier, Fernando Joaquín Ávila Lizárraga.

El entramado de corrupción del que se quejaron los proveedores, fue que los funcionarios militares les pedían comisiones para poderles asignarles de manera directa contratos millonarios; incluso, mencionaron que el entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, tenía conocimiento de la situación.

Los primeros señalados fueron el teniente coronel Diplomado de Estado Mayor (DEM) José Alfredo Carrillo Ríos, y el coronel intendente DEM José Luis Lua Tatuado, pues desde que arribaron a sus puertos comenzaron a pedir el “diezmo”.

Tiempo después de que dicha noticia salió a la luz el general, Cienfuegos ordenó que se investigarán todos los casos de licitación a las empresas privadas; sobre todo, porque algunas de estas entidades — desde la administración de Felipe Calderón— usaban prestanombres, siendo en realidad servidores público, ex funcionarios y militares; que gracias a los sobornos obtenían contratos millonarios.

Después de conocer estos casos ¿qué tan confiable puede ser la Sedena en los tiempos de la Cuarta Transformación?