Una de las principales controversias respecto a la tragedia en Tlahuelilpan es si existió algún tipo de negligencia por parte de las autoridades involucradas. Particularmente, resulta interesante el doble discurso generado respecto a la participación de los elementos del Ejército presentes en el lugar de los hechos.

De acuerdo con la cronología realizada por la Secretaría de Seguridad Pública, la fuga en Tlahuelilpan fue reportada desde las 14:30 horas del pasado viernes 19 de enero. Sin embargo, el ducto en cuestión no fue cerrado sino hasta las 18:20 horas. Poco más de media hora después, a las 18:52 horas, el cuerpo de bomberos local fue alertado sobre la explosión.

Durante las poco más de cuatro horas que transcurrieron entre la detección de la fuga y la explosión, alrededor de 600 pobladores se congregaron en el lugar para recoger combustible con cubetas, bidones y otro tipo de contenedores… todo ante la mirada de elementos del Ejército y de la Policía.

A través de videos que circulan en redes sociales, es posible observar que momentos antes de la explosión, los uniformados intentaron advertir a la población sobre los riesgos de permanecer en el lugar. Sin embargo, en ningún momento intentaron usar la fuerza para replegar a los ciudadanos.

Debido a lo anterior, la actuación de policías y militares fue cuestionada por la oposición, así como por usuarios de redes sociales y hasta por la CNDH, que acusó a los elementos de “inacción”, según detalló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cuestionado al respecto, AMLO aseguró que la actuación del Ejército fue “correcta y oportuna”, pues —según dijo— no se debe enfrentar el robo de combustible con medidas coercitivas: “No podemos reprimir. El detener significa, en un momento dado, desatar una represión”, agregó.

En realidad, el argumento de López Obrador para justificar la no intervención de las autoridades en la fuga de Tlahuelilpan es falaz: aplicar la ley no es reprimir, y robar es un delito. Sin embargo, el argumento de que el Ejército debió replegar a los pobladores también es falaz, además de incongruente.

Vale la pena recordar que la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior no está prevista en la ley. Por tanto, la labor de evitar el robo de combustible en la fuga de Tlahuelilpan era de la Policía, no del Ejército.

Claro está que en la ecuación también entran cálculos respecto al número de efectivos policiales presentes en la zona, que eran insuficientes para contener a una multitud de 600 pobladores.

Pero si de alguien hubo negligencia en este caso, fue por parte de las autoridades de Pemex y de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes tardaron casi cuatro horas en cerrar el ducto por considerar que la fuga no era “relevante”. Ese tiempo de reacción es imperdonable cuando, según ha explicado el presidente, la estrategia del gobierno en el combate al robo de hidrocarburos consiste en cerrar los ductos en el momento en que se detecta una fuga.

En cambio, no se puede acusar a los soldados de ser omisos en el cumplimiento de una labor que no los corresponde, sobre todo cuando no existe un marco legal que sustente su actuación en ese tipo de situaciones.

Por lo demás, resulta incongruente que una institución como la CNDH, que recientemente se pronunció en contra de la Guardia Nacional por considerar que militarizaría al país, reclame al ejército por una supuesta “inacción” en Tlahuelilpan. 

Ni aplicar la ley es reprimir, ni los elementos del Ejército son granaderos.