Las “maromas políticas” del presidente Andrés Manuel López Obrador demuestran que su llegada al poder –o la caída del PRI– no representan un cambio de régimen per se.

Apenas el pasado viernes, AMLO envió al Senado su propuesta de aspirantes para sustituir a la ministra Margarita Luna Ramos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la terna figuran la ex diputada de Morena Loretta Ortiz; la ex candidata de Morena al gobierno de Querétaro, Celia Maya; así como Yasmín Esquivel Mossa, esposa de José María Rioboó, quien a su vez es el contratista favorito de López Obrador.

Cuestionado respecto a la filiación morenista de las nominadas, el presidente explicó en conferencia de prensa que “no hay un impedimento para que el miembro de un partido político pueda ser postulado para ocupar un cargo”.

Y tiene razón. Legalmente nada impide a los militantes de algún partido concursar por un lugar en la Corte. Más aún, la ley faculta al presidente a proponer una terna compuesta por los candidatos de su elección.

El problema es que por años, lo anterior fue aprovechado por los presidentes y por los partidos mayoritarios en el Congreso para imponer cuotas en el Poder Judicial, hecho que fue denunciado con elocuencia por el propio López Obrador en sus tiempos de opositor.

En 2015 AMLO se refirió a la designación de los ministros Javier Laynez y Norma Piña asegurando que el primero era un “achichincle de Peña Nieto”, mientras que la segunda era “una señora obediente, muy servil”, impuesta por el PAN. “El Poder Judicial es un apéndice, no es independiente de la mafia del poder”, aseguró.

Ese mismo año, López Obrador prometió que al triunfo de MORENA los ciudadanos elegirán a ministros de la Corte, no como ahora que los nombran Salinas, Diego, Azcárraga, EPN, PRIAN (sic)”.

Resulta que tres años después, AMLO y Morena triunfaron. El tabasqueño es presidente y su partido controla el Congreso. Sin embargo, los ciudadanos seguimos sin elegir a los ministros de la Corte. Ya no los eligen Salinas, Diego, EPN, Azcárraga o el PRIAN. Ahora los elige AMLO.

Las imposiciones y las cuotas partidistas cambiaron de siglas.

Una lógica similar opera en otro puesto clave para la impartición de justicia: la Fiscalía General de la República.

En 2017, los partidos de oposición –entre ellos Morena– se opusieron al “pase automático” del entonces Procurador Raúl Cervantes a la Fiscalía. El argumento –acertado– fue que la Fiscalía debía ser independiente, y la cercanía del Procurador (Cervantes) con el presidente (Peña) anularía cualquier posibilidad de independencia.

Sin embargo, un año después la mayoría de Morena en el Congreso posibilitó al Procurador de AMLO, Alejandro Gertz, convertirse en “Fiscal Carnal”.

Es decir, que Morena está en contra de la imposición de “Fiscales Carnales” y “achichincles” en la Corte… siempre y cuando no sean carnales y achichincles de AMLO.

Lo anterior demuestra que el proyecto político de la “Cuarta Transformación” no está basado en un cambio de régimen que impida la imposición de carnales, achichincles y cuotas partidistas en el poder judicial.

El proyecto se basa en la supuesta calidad moral de un líder con principios sumamente flexibles.

¿Por qué tolerar en AMLO y Morena lo que se repudiaba de los gobiernos anteriores?