Una promesa de campaña más al olvido, Andrés Manuel López Obrador señaló, en repetidas ocasiones, que una vez que llegara al poder; la búsqueda de desaparecidos sería prioridad para su gobierno.

Incluso, ya estando en la Presidencia, el tabasqueño enfatizó, el pasado mes de mayo, que la prioridad número 1 es la búsqueda de personas, asegurando que no se escatimarán recursos para dicha acción y que los encargados serán profesionales que vayan a las fosas.

Sin embargo, la realidad es muy diferente, ya que de acuerdo a cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el presupuesto para cumplir con la función de Búsqueda de Personas Desaparecidas no Localizadas tuvo un recorte de 86.5 por ciento durante los primeros meses del año, respecto del monto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

En el reporte mensual de finanzas públicas a abril, la dependencia reporta que el presupuesto para dicha función pasó de 32.4 millones de pesos a 4.4 millones en un lapso de cuatro meses.

Ante esto, uno se cuestiona, ¿qué ha pasado con el caso de los estudiantes de Ayotzinapa?, un tema del que fue partícipe el oriundo de Macuspana desde el acontecimiento, ello por señalar al gobierno de Enrique Peña Nieto de ser culpable de la desaparición de los jóvenes.

Cabe recordar que el 3 de diciembre de 2018, a tan solo un par de días de haber tomado posesión como Presidente de la República, López Obrador firmó, ante los padres de los normalistas desaparecidos, el decreto para la creación de la Comisión de la Verdad.

El propósito de dicha Comisión, según AMLO, era investigar los hechos ocurridos en Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, lo que derivó en la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.

Sin embargo, el pasado 17 de abril, a una semana de que se cumplieran 55 meses del trágico acontecimiento, los padres de los normalistas señalaron: “no hay avances” sustanciales en el esclarecimiento del caso ni claridad sobre los mecanismos de búsqueda de nuestros hijos, además de que se les convocó para informarles que “todavía no hay fiscal” encargado de indagar el caso ni fecha precisa para su nombramiento.

Ahora que se hizo de conocimiento público el recorte de 86.5 por ciento para la función de Búsqueda de Personas Desaparecidas no Localizadas, sabemos por qué no hay ningún resultado óptimo.

Todo esto solo deja entrever que el presidente Andrés Manuel López Obrador jugó con los sentimientos de los padres de los normalistas desaparecidos, además de utilizarlos con fines políticos.